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Garamendi (CEOE) exige un mayor protagonismo para el sector privado y las CCAA en el Plan de Recuperación
La patronal que lidera Antonio Garamendi considera que es fundamental reajustar los "hitos y objetivos" del Plan para garantizar que se canalizan con éxito los más de 94.000 millones de euros adicionales de la Adenda
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), patronal que lidera Antonio Garamendi, ha reclamado un mayor protagonismo del sector privado y de las comunidades autónomas de cara a la recepción de la segunda pata del Plan de Recuperación, dotado con un presupuesto de más de 94.000 millones de euros adicionales previstos de la Adenda.
La CEOE considera «fundamental» reajustar el avance de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación durante el proceso de negociación de la Adenda aprobada por el Gobierno, el pasado mes de junio, según ha expresado este jueves en un comunicado.
Asà se recoge en el quinto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España que ha elaborado la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión y su impacto en la economÃa.
El documento concluye que España se sitúa entre los paÃses con una mayor ejecución de los fondos de acuerdo con el calendario europeo. Hasta la fecha, España ha recibido 37.036 millones de euros en concepto de subvenciones del total de los 160.000 millones de euros a los que asciende el Plan de Recuperación, tras el tercer desembolso aprobado por la Comisión Europea.
Reajuste del Plan
Sin embargo, con el aumento en el ritmo de resolución de convocatorias en instrumentos clave del sector privado (PERTE, convocatorias nacionales) y los nuevos fondos contemplados en la Adenda, la CEOE ve necesario un «rediseño de las grandes lÃneas de proyectos del Plan de Recuperación, una mayor implicación del sector financiero en la canalización de los préstamos y una mayor flexibilización y gestión autonómica para cumplir con los plazos europeos».
Para ello, la patronal considera que España debe «aumentar su capacidad de absorción» para garantizar un impacto transformador del Plan. Por esta razón, el informe concluye que habrÃa que «reforzar la figura del PERTE como el instrumento clave para la colaboración y negociación público-privada«.
Además, las empresas (grandes, pymes y autónomos) necesitan una mayor «flexibilidad en el acceso y en los plazos de presentación a las convocatorias», lo que exige un refuerzo del sector público y el sector financiero para poder eliminar burocracia y reforzar la agilidad administrativa.
En este sentido, el documento defiende una mayor coordinación con las CCAA para «ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas«, asà como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial. Asimismo, consideran que serÃa fundamental un mayor nivel de información en lo referente a la resolución de las grandes lÃneas y de los principales destinatarios y beneficiarios del Plan.
Negociación de la Adenda
Desde la patronal apuntan que el periodo de evaluación de la Adenda por parte de las autoridades europeas «abre la puerta a un proceso de negociación» que debe ser clave para poder reajustar el avance de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
De este modo, consideran que el proyecto de Adenda debe concretar diversas cuestiones relevantes para la canalización de los fondos, como el «papel y condiciones de las entidades financieras» o la «fijación de un calendario con los plazos de los nuevos fondos y los compromisos asumidos» para recibir los desembolsos correspondientes.
Mayor agilidad
Según el informe de la CEOE, la reciente flexibilización del Marco Temporal de Crisis y Transición, da la «oportunidad de reajustar los plazos de cumplimiento de ciertos hitos y objetivos en el marco de ese proceso de negociación de la Adenda». Por tanto, la renegociación de cara a la segunda fase del Plan de Recuperación es una «oportunidad clara para concretar y rediseñar lÃneas de inversión existentes».
En este sentido, detalla cuestiones como la incorporación de bonificaciones fiscales o el establecimiento de moratorias y aplazamiento de pagos a la Seguridad Social y a Hacienda servirÃa para garantizar la liquidez, financiación y la solvencia para las pymes españolas.