La negociación de los peajes atasca la aprobación de la Adenda de los fondos europeos

El Gobierno está negociando con la Comisión Europea suprimir la obligación de imponer un sistema de peajes en toda la red de autovías estatal, una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas para recibir los fondos europeos. Según fuentes gubernamentales, la negociación de la Adenda -actualización- al programa millonario incluye este punto, pero aún no hay avances al respecto.

«Se está negociando dentro del ámbito de la Adenda para quitar esta referencia», han apuntado fuentes del Ejecutivo, tras plantearles esta cuestión. Ya ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseveró que no está en «la voluntad» del Gobierno la implantación de este sistema de pago por uso de las carreteras.

«Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras», detalla el Plan de Recuperación, de acuerdo con el planteamiento enviado a Bruselas en junio de 2021. Este sistema debería entrar en vigor en 2024, de acuerdo con el principio de que «quien contamina, paga».

El Gobierno plantea «alternativas» a los peajes

El Gobierno dice ahora que está planteando «alternativas» para no tener que desplegar este sistema, pero la Comisión tiene que darle paso. La reforma que incluye este sistema de peajes forma parte del sexto pago de los fondos europeos, que debería producirse el año que viene por un valor de más de 9.000 millones de euros.

El Gobierno ya acumula un retraso en la solicitud de 17.000 millones de euros del ‘maná’ europeo debido a la interinidad del Ejecutivo. El cuarto pago debería haberse solicitado en el primer semestre de este año, pero el adelanto electoral dejó en el aire reformas clave para su requerimiento, como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El quinto desembolso, que debería solicitarse en la segunda mitad de este año, es de 7.000 millones y también tiene reformas clave pendientes.

Las mismas fuentes del Ejecutivo no descartan que el sistema de peajes pueda ser sustituido por un impuesto específico, aunque apuntan que eso debería abordarse «de manera global» en una reforma fiscal verde que también está comprometida con Bruselas.

El Gobierno, dijo ayer la ministra, ha planteado sustituir la financiación de las vías de alta capacidad con algunas alternativas como «incentivar el transporte ferroviario» o «incentivar también el transporte público».