El PP exige a Compromís que explique los «indicios evidentes de un posible trato de favor» en la obra pública
El PP ve «indicios evidentes de un posible trato de favor» en las adjudicaciones que la conselleria de Igualdad ha realizado en los contratos de obra pública. Tras desvelar Economía Digital que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, ha suspendido un concurso en el que Sacyr había sido expulsado y que el 70% de las contrataciones de obra pública de la Conselleria de Igualdad se concentran en tres empresas, el grupo del Partido Popular va a presentar una pregunta por registro de les Corts sobre las adjudicaciones de obras de la Conselleria de Igualdad en los últimos cinco años.
Tal y como explican los populares, la iniciativa se fundamenta en «los indicios conocidos sobre posibles irregularidades y trato de favor». En este sentido, la portavoz adjunta del GPP, Elena Bastidas, ha explicado que “la mayoría de esas adjudicaciones, según la Plataforma de Contratación del Estado, ha recaído en un 70% de los casos en tres firmas menores, y una de ellas ha llegado a facturar prácticamente solo con la conselleria de Igualdad”.
Se trata de Llop Servicios Integrales, que según los datos extraídos del Registro Mercantil, la facturación de esta mercantil propiedad de Sergio Romero Llop alcanzó durante 2021 un total 4.332.830,04 euros mientras que sólo durante ese año recibió adjudicaciones directas (sin UTE) por valor de 4.184.776,74 euros desde la cartera de Igualdad. Esto supone que Llop Servicios Integrales se ha asegurado en los últimos meses el equivalente al 96% de su facturación con un único cliente.
La evolución de la facturación de esta mercantil ha sido exponencial ya que durante 2016 fue una empresa insignificante dentro del sector de la obra pública ya que su facturación no alcanzó ni el millón de euros. De hecho, según las cuentas a las que ha tenido acceso este periódico, el importe neto de la cifra de negocios se situó en los 953.175,67 euros.
En los años 2017 y 2018 duplicó la facturación con 2.190.382,66 euros y 2.044.843,21 euros, respectivamente, aunque ha sido en los tres úlitmos años en los que sus ingresos se han disparado. Las cuentas depositadas de 2019, 2020 y 2021 reflejan una facturación de 3.724.003,84 euros, 4.293.445,75 euros y 4.332.830,0,4 euros.
Además de esta mercantil, que pese a su tamaño aglutina el 30% de las obras de Igualdad, hay otras dos empresas que también han conseguido una cuota importante, que ronda el 20%, respecto a las adjudicaciones. Se trata de Proyme y de Fulton. La primera está presidida por Juan Bautista Peluffo Gaya, mientras la segunda es la que se quedó con el concurso que ha sido impugnado por Sacyr.
La dinámica de adjudicaciones durante la etapa de Mónica Oltra como vicepresidenta y consellera de Igualdad respecto a las adjudicaciones de la obra pública se ha mantenido con su relevo, Aitana Mas, al frente de ambos cargos.
Desde el partido popular, Elena Bastidas ha señalado: «Queremos que desde Igualdad expliquen los criterios de adjudicación y el por qué, tanto con Mónica Oltra como ahora con Aitana Mas, son esas empresas las adjudicatarias de manera preferente. Queremos despejar las dudas en torno a estas adjudicaciones porque existen indicios evidentes de un posible trato de favor hacia algunas empresas concretas».