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La Conselleria de Igualdad, centro neurálgico del poder de Compromís en el gobierno valenciano, ha desatado la ira del gigante Sacyr. El macrocontrato de mantenimiento y conservación integral de los centros del conselleria ha sido la gota que ha colmado el vaso. La conselleria, entonces controlada por Mónica Oltra y ahora por Aitana Mas, purga los concursos excluyendo las ofertas que considera que están mal hechas hasta el punto de sugerir que Sacyr no redactaría correctamente sus propuestas. Ante tal suposición, Sacyr ha recurrido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que le ha hecho caso y ha suspendido la adjucación del macrocontrato.

Los constructores más pequeños agachan la cabeza ante el miedo a las represalias que, supuestamente, podrían llegar cuando la consellería de la vicepresidenta del Consell expulsa a las empresas que no forman parte del selecto grupo que sí entiende lo que le parece bien a la consellería. Mientras tanto, Sacyr, desde su posición de ser un Ibex-35, ha pegado un puñetazo encima de la mesa cuya onda expansiva ha desatado las alarmas en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La resolución de adjudicación del macrocontrato llega a asegurar que «la oferta presentada por Sacry Facilities SA varía el modelo establecido para la presentación de las ofertas por los licitadores interesados en la presente licitación». Hay contratistas buscando ese «modelo establecido» sin obtener respuesta de la consellería mientras ven como otras empresas tienen elevado éxito en los concursos manejados por Compromís.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, es el que ha determinado la suspensión del procedimiento de contratación del concurso convocado por Mónica Oltra hace un año. Tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso Economía Digital, la adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación integral de los centros dependientes de la consellería está en entredicho.

El expediente para la contratación de casi 15 millones de euros fue aprobado el 2 de febrero de 2022 y, a partir de abril, bajo el criterio del arquitecto de la consellería José Gayá Rodríguez, se empezó a excluir a participantes. Primero fue la UTE Tecmo-Tecmo Seguridad-Vareser el 11 de abril (que se le excluye del lote 2), luego Yomee Energy Services el 20 de abril (que queda fuera de los lotes 6 y 7) mientras que el 14 de julio se acordó la exclusión de Sacyr Facilities ya que «en el importe ofertado no se incluyen las partidas de repuestos ni modificativo. Únicamente el MIFA ofertado». Sacyr optaba a los lotes 1, 2 y 3.

Después de estas tres exclusiones, tal y como figura en la resolución de adjudicación, la conselleria de Igualdad acordó el 21 de septiembre de 2022 otras dos exclusiones: Gestionar Desarrollo de Servicios Integrales (que optaba al lote 2) y Tecnología de Montajes y Mantenimientos (que se presentó a los lotes 1 y 3).

Tras las exclusiones centradas en las ofertas de los lotes 1, 2 y 3, que son los más cuantiosos al suponer 10,6 millones de euros, los adjudicatarios son Elecnor Servicios y Proyectos para los lotes 1 y 7, Albanta Jardines para el el lote 5 y Fulton Servicios Integrales para los bloques 2 y 3, que son los que ha recurrido Sacyr.

Los bloques 4 y 6 quedan desiertos al no haber empresas que se presenten en lo que se ha convertido en uno de las situaciones que cada vez es más habitual en los concurso de obra pública en la Comunidad Valenciana. Existe una parálisis en la obra pública valenciana que provocó que sólo durante el año pasado quedaran desiertas 360 obras con un presupuesto acumulado de 127 millones de euros.

Esta decisión se tomó el 11 de enero de 2023 con la firma de Irene Gavidia Mir, la secreteria autonómica de atención primaria y servicios sociales. 15 días después llegó la resolución de adopcion de medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo Central de Recuros Contractuales.

Según figura en la documentación, Diego Nuño Moya, en representación de Sacyr Facilities SA interpuso recurso especial en materia de contratación contra su exclusión de los lotes 2 y 3 del procedimiento «Servicio de mantenimiento y conservación integral de los centros dependientes de la Consellería de Igualdad y Politicas Inclusivas». La petición que realiza es la suspensión en el procedimiento de contratación, cuestión que es aceptada.

El fundamento del derecho en el que se basa la decisión es que el «análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación por lo que procede suspender cautelarmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso».

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