El polvorín de la Inspección de Trabajo de Yolanda Díaz: demandan a la dirección por discriminación

La recién inaugurada legislatura para la flamante vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a seguir pasando por un organismo clave para sus políticas: la Inspección. Pero no solamente por que cuestiones como el recorte de jornada vayan a tener que pasar sí o sí por los supervisores laborales; sino porque sigue teniendo un frente abierto con el personal a su cargo.

Tras una huelga ahogada por la convocatoria electoral adelantada, los inspectores y subinspectores se revolvieron por las propuestas laborales estrella del acuerdo rubricado entre el PSOE y Sumar para reeditar el Gobierno. Lo consideraron «papel mojado» sin un refuerzo de los efectivos y, en el caso de la escala de subinspectores, añadieron que estaban realizando 500 horas extra anuales sin cobrar, a pesar de tener reconocida una jornada de 37,5 horas semanales. Exactamente lo que el nuevo Ejecutivo aspira a ampliar a todo el sistema.

Ahora, el conflicto se agrava por una demanda por discriminación contra la dirección de la Inspección de Trabajo, que lidera Carmen Collado. El Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social (SESLAESS) acudió el pasado 7 de noviembre al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar una decisión que consideran discriminatoria: que los subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, a su mismo nivel, tienen más fácil que ellos la consecución del 100% de complemento de productividad.

Un sistema diferente según la escala

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece unos objetivos para cada funcionario y también colectivos que se han de cumplimentar de manera trimestral. En función de su consecución, hay un mínimo de puntos (83) y un máximo (133). Los puntos equivalen a 4,10 horas de trabajo y para conseguir ese máximo es necesario un trabajo de 44 horas mensuales, de acuerdo con los cálculos de la central.

Ahora bien, esto es en el caso de los subinspectores de Empleo, porque para los subinspectores de Seguridad y Salud Laboral este listón para conseguir el máximo se reduce considerablemente: hasta los 118 puntos. Es decir, 61,5 horas menos de trabajo, en comparación. Una diferencia abismal que resulta de una resolución de mayo de 2022 que «minusvalora nuestro trabajo y nos discrimina como colectivo», denuncia SESLAESS

«La actual situación del devengo del complemento de productividad es absolutamente arbitraria pues los criterios de valoración no se fundamentan en circunstancias objetivas, al reconocerse por la propia Administración que carecen de documentos que acreditan la fijación inicial y actual de los parámetros de devengo del complemento de productividad», explican desde el sindicato.

El motivo del cambio es que la dirección de la Inspección considera que las actuaciones de los subinspectores de Seguridad Laboral son más complejas, algo que niegan los representantes de los subinspectores de Empleo y Seguridad Social, ya que establece criterios cualitativos y cuantitativos diferentes. «El nivel mínimo y óptimo que es necesario para alcanzar la productividad individual ha de ser igual con independencia del cuerpo y escala de pertenencia«, alegan.

Una huelga suspendida en la Inspección de Trabajo

Los inspectores de Trabajo fueron a la huelga a finales del pasado mayo y principios de junio para reclamar el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo sobre una relación de puestos de trabajo (RPT) que dotaría de más efectivos al organismo, además de una serie de mejoras retributivas. Los sindicatos reclamaban entonces también el cumplimiento del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo. El acuerdo que firmaron con Trabajo y Hacienda se rubricó en 2021, el mismo año en que se aprobó el citado plan, con un horizonte temporal de dos años. Y, sin embargo, a mes y medio de terminar el año… no se ha puesto en marcha.

La negociación entre el Gobierno y los sindicatos parecía encarrilada hasta que en mayo Hacienda paralizó la propuesta de una relación de puestos de trabajo que aumentaría la dotación de efectivos para la Inspección. Desde la dirección del Ministerio se llegó a insinuar que el departamento que dirige la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, había dinamitado la negociación porque el Ministerio de Trabajo estaba siendo gestionado por un partido político diferente. Y todo a pocos días de las elecciones municipales que provocaron la convocatoria adelantada de los comicios generales.