Otoño caliente para Yolanda Díaz con los inspectores de Trabajo, que hablan ya de «desconfianza» y «cabreo»
La Inspección sostiene que el Plan Estratégico 2021-2023, que aún no se ha desarrollado y finaliza en unos meses, puede ser puesto en marcha por el Gobierno en funciones
La convocatoria de las elecciones generales el 23 de julio sepultó una huelga indefinida convocada por los inspectores de Trabajo contra el Gobierno por no cumplir con el Plan Estratégico que había aprobado para el organismo. La falta de un interlocutor válido, además de la perspectiva de una convocatoria electoral de resultado incierto -como ha sido-, así como el descuelgue de uno de los sindicatos miembros de la plataforma -CCOO- provocó que se levantara el paro.
Sin embargo, el conflicto está latente y la plantilla está «cabreada» y en un «clima de desconfianza» hacia los máximos responsables del Ministerio de Trabajo. Así lo apunta la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, que acusa a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, de «jugar con la inspección». «Los tuits a veces son vacíos de contenido. Nos duele porque prometieron arreglar la situación del organismo, nos han hecho creer que nos iba a fortalecer… Pero le hemos pedido una reunión y ni nos han contestado», explica.
El responsable de CCOO en la Inspección, Josetxo Gándara, asegura que aún no se ha retomado el contacto con los responsables de Trabajo, aunque critica cómo evolucionó el conflicto en sus últimas semanas: “Hay algunas cosas a recomponer, al menos desde la perspectiva de CCOO. El conflicto tomó tintes muy corporativistas en las últimas decisiones y las cuestiones de mejora del servicio público quedaron en un segundo plano”.
El organismo estrella de Díaz
El conflicto en la Inspección de Trabajo es una piedra en el zapato especialmente molesta para Díaz, ya que se trata del organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de algunos de sus principales hitos al frente del Ministerio, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la conversión de temporales fraudulentos en indefinidos. Además, en los últimos meses se les ha encomendado otras funciones, como el control de los protocolos especiales en episodios de calor o la revisión de las autoevaluaciones de riesgos laborales para las empleadas del hogar.
La reunión de la vicepresidenta segunda con el sindicato de jugadoras de fútbol FutPro también ha caído como un jarro de agua fría, ya que Díaz se comprometió a luchar contra la discriminación salarial y por la igualdad en el deporte, mientras, dicen los inspectores, no se cumplen dichos preceptos en el organigrama de la Inspección. «No nos parece de recibo que se reúna con FutPro y no con sus trabajadores», denuncia la presidenta del SITSS.
Los inspectores denuncian falta de paridad
Así, explica Ercoreca, se ha denunciado la situación de compañeras que ejercen tareas por encima de su posición pero, por no contar con la categoría adecuada, reciben hasta 380 euros menos que sus compañeros. Desde el SITSS defienden que hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a esta equiparación y que no se está cumpliendo. También inciden en que no se está cumpliendo con la paridad en la Inspección, dado que hay 13 directores territoriales frente a solo cuatro mujeres.
Los inspectores reclaman que tanto el departamento que dirige Díaz como el Ministerio de Hacienda, que también es responsable de Función Pública, cumplan tanto con el acuerdo firmado en julio de 2021 con los sindicatos como con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado en noviembre de ese mismo año y que termina en diciembre de este año sin haberse implementado aún. El acuerdo incluía mejoras organizativas y retributivas, con nuevas plazas de inspectores y subinspectores para reforzar el servicio. De hecho, sostienen las fuentes sindicales consultadas, esta nueva estructura forma parte de las reformas comprometidas con Bruselas para el desembolso de los fondos Next Generation EU y aún no se ha cumplimentado.
La negociación entre el Gobierno y los sindicatos parecía encarrilada hasta que en mayo Hacienda paralizó la propuesta de una relación de puestos de trabajo (RPT) que aumentaría la dotación de efectivos para la Inspección. Desde la dirección del Ministerio se llegó a insinuar que el departamento que dirige la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, había dinamitado la negociación porque el Ministerio de Trabajo estaba siendo gestionado por un partido político diferente. Y todo a pocos días de las elecciones municipales que provocaron la convocatoria adelantada de los comicios generales.
La plantilla de la Inspección está «quemada» y «cabreada» tras las semanas de conflicto previas al verano, pero se prevé que a partir de septiembre vuelvan a reorganizarse. “Nos hace falta un poco más de tiempo”, reconoce Gándara, de CCOO. El desánimo cunde y no ayuda el hecho de que ahora mismo el Gobierno se encuentre en situación interina. La investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, primero, y el previsible intento del presidente en funciones, Pedro Sánchez, después, dejan sin apenas margen de negociación a las partes. Con todo, desde el sindicato sostienen que el Plan Estratégico, ya aprobado por el Consejo de Ministros, podría ser desarrollado por el Gobierno en funciones.
