De inspectores de Trabajo a banqueros del ICO: los planes de Yolanda Díaz indignan a la administración

El acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSOE y Sumar no ha terminado de convencer a los responsables últimos de que se implemente: los trabajadores públicos. Muchos de ellos, como los inspectores de trabajo o los empleados del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han mostrado sus reservas a los planes que el pacto firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contempla para ellos.

Los inspectores de trabajo no tardaron en reaccionar a las dos primeras medidas incluidas en el programa para el próximo Ejecutivo. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) mostró su preocupación poco después de que ambos partidos hicieran público que el próximo Gobierno -si consigue la investidura- modificará el Estatuto de los Trabajadores para recortar la jornada a las 37,5 horas en 2025, así como sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) para garantizar que cubre el 60% del sueldo medio.

«Esperamos que expliquen cómo se va a garantizar el cumplimiento de la reducción de la jornada, el incremento del SMI, nuevos permisos retribuidos… sin el refuerzo de la Inspección de Trabajo», se preguntó la presidenta del sindicato, Ana Ercoreca.

SITSS: «Sin la Inspección, no se podrá cumplir»

La Inspección de Trabajo tiene abierto un conflicto laboral con el Gobierno que la convocatoria adelantada de elecciones generales para el 23 de julio dejó aparcada. Sin embargo, los inspectores llevan tiempo reclamando al Ejecutivo que cumplan con un acuerdo que pasaba por una mejora de sus condiciones y un mayor número de efectivos, pero que Hacienda habría bloqueado, según el departamento de Yolanda Díaz. El Plan Estratégico la Inspección debería finalizar este 2023… pero aún no se ha puesto en marcha.

«Si se olvidan de la Inspección de Trabajo, el acuerdo se quedará en un dibujo, pero no se podrá cumplir», advierte la líder sindical.

La Inspección de Trabajo ha sido clave para la gestión de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y muchas de sus políticas clave -lucha contra falsos autónomos, cumplimiento de las alzas salariales, de la ley rider…- han pasado por este organismo. El acuerdo de Gobierno contempla también una reforma de las causas de despido y un endurecimiento de los descuelgues de convenio, así como la aprobación del pendiente Estatuto del Becario. Todos estos asuntos supondrán un ‘extra’ al trabajo diario de los inspectores.

Revisión del ICO, CDTI y Enisa

El acuerdo también contempla la revisión de los instrumentos financieros al servicio del sector productivo, como el ICO, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) o la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). Según el acuerdo, el objetivo es «mejorar la eficacia de la Administración Pública para financiar e impulsar proyectos de transformación económica, en concreto aquellos relacionados con la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales».

Estos instrumentos van a ser fundamentales en la gestión de los fondos europeos Next Generation EU. Por un lado, el ICO gestionará más de 40.000 millones de euros procedentes de los préstamos de la Adenda del Plan de Recuperación, fundamentales para el tejido productivo, mientras que el CDTI o Enisa serán reconvertidas en entidades empresariales para poder ‘alargar’ la gestión de los fondos europeos más allá de 2026, cuando termina la vigencia del programa.

Ahora bien, los trabajadores del ICO muestran su inquietud por esta posible «revisión» y lo que implique para el banco público. Ellos también tienen un conflicto laboral abierto por la falta de actualización de su sistema de desarrollo profesional, bloqueado por el Ministerio de Hacienda. «Son disparos de pólvora del rey», dice Miguel Ángel Rozas, del sindicato CSIF en la entidad.

El presidente del comité de empresa en el ICO, Francisco Díaz, de UGT, dice que carecen de información más allá de comentarios. «Nada cerrado, ni realmente cómo van a pretender que se implemente, si como una línea de mediación o cuál será el enfoque y calado de esa utilización», indica.

El programa de Gobierno pasa por recuperar la Comisión Nacional de Energía, desgajar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la puesta en marcha de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero o la revisión de los miembros del diálogo social. De los representantes de los empresarios, en concreto.