Incapacidad permanente: estos son los nuevos derechos de las personas que reciben la pensión
Los cambios en la Ley de Empleo reconocen un grado básico de discapacidad y permite a los beneficiarios obtener varias ventajas laborales y fiscales
Las personas con incapacidad permanente recuperan derechos que habían perdido.
Gracias a la pensión por incapacidad permanente los trabajadores que han sufrido un accidente o una enfermedad tienen asegurada una entrada económica, ya que no pueden volver a realizar sus funciones con normalidad.
La evaluación del grado de incapacidad corresponde a un tribunal médico, llamado Equipo de Valoración de Incapacidades, y tras su informe a la Seguridad Social, este organismo determina si corresponde una incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, cada una con una cuantía diferente, que puede rondar entre los 905 y los 3.059 euros.
Incapacidad permanente: estos son los nuevos derechos de las personas que reciben la pensión
La nueva Ley de Empleo trajo una esperada reivindicación de los trabajadores que sufren esa situación: a todas las personas que tengan una pensión por incapacidad permanente se les reconocerá una discapacidad de al menos el 33%.
El texto del artículo 35 en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, especifica que “tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.
Este cambio en la ley recupera un derecho que se había eliminado en 2018, y con este reconocimiento las personas implicadas pueden acceder a varias ventajas.
Las personas con un 33% de discapacidad tienen un cupo de plazas asignadas en la administración pública
Ventajas laborales
Uno de los beneficios más importantes está en el campo laboral: las personas con incapacidad permanente tienen un cupo de plazas asignadas en las administración pública, así como en las empresas privadas.
Al menos el 7% de la oferta de empleo público tienen que estar destinadas a personas con discapacidad, y en aquellas compañías con 50 empleados o más, tienen que reservarse a personas que tengan algún tipo de discapacidad.
Ventajas ante el fisco
Otra de las ventajas de obtener el reconocimiento del 33% de discapacidad es que
el mínimo personal y familiar exento de declarar el IRPF aumenta a 3.000 euros para este año; por lo que el mínimo de un pensionista con incapacidad permanente total será de 8.550 euros.
Asimismo, con ese grado de discapacidad pueden tener descuentos en el IVA al momento de adquirir un vehículo adaptado. También están exentos de pagar el impuestos de matriculación y el de circulación del rodado.
Otras ventajas son poder acceder a ayudas económicas para comprar una vivienda u obtener una plaza de aparcamiento.
Otros cambios de la ley
En la modificación a la ley se considerará como personas con discapacidad a las personas que tienen autismo.
En la normativa también se especifica que los servicios de empleo tendrán que tener personal capacitado para atender a las personas con discapacidad, y que las personas en estas condiciones que están buscando trabajo tienen el derecho de recibir herramientas digitales de formación.
