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Marie Claire propone pagar toda su deuda en ocho años con tres de carencia
La empresa de texil Marie Claire, que solicitó el concurso de acreedores dos días después de que Ximo Puig perdiera las elecciones, ha presentado una propuesta de convenio en el que propone pagar el 100% de su deuda en un plazo de ocho años. Los tres primeros años serían de carencia por lo que no sería hasta cuatro años después de firmar el convenio cuando los acreedores empezarían a cobrar. Para entonces, problablemente 2028, los acreedores percibirían el 10% de sus deudas.
Jordi Casserras, administrador concursal de Marie Claire, explica a Economía Digital la situción que tiene actualmente la compañía de Villafranca del Cid. Han pasado seis meses desde que la compañía anunciara que estaba en concurso de acreedores y el pasado 15 de noviembre finalizó el plazo para que todos los acreedores comunicaran sus deudas.
La Generalitat Valenciana, a traves del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), es el principal acreedor. Dentro de las entidades financieras, la que mayor posición tiene es Caixabank. La compañía ya se deshizo de una buena parte de su plantilla cuando pactó con los sindicatos la salida de 190 personas que se fueron con una indeminización de 23 días con un máximo de 13 mensualidades.
Una vez conocidos los acreedores, se puede presentar una nueva propuesta de convenio hasta finales del mes de diciembre. El juez será el que final determine qué opción se someterá a votación con los acreedores para ver si se acepta. De momento, lo que hay encima de la mesa, que la opción sin quita y espera de ocho años, es lo que ha trasladado la propiedad de la firma textil.
“Marie Claire plantea un convenio y yo detecto aspectos que no comparto”, expresa Jordi Casseras, que realiza una valoración genérica desde su experiencia como administrador concursal: “Quizá en los concursos hay acreedores que prefieren cobrar el 50% pero que sea hoy o, como mucho, en el plazo de un año porque en tres años no sabes cuántas pandemias o guerras pueden pasar”.
Teniendo en cuenta estas impresiones, desde la administración concursal de Marie Claire se repasan el calendario que permite a los acreedores que se adhieran a la propuesta presentada así como que existe plazo para presentar un plan alternativo. «La nueva propuesta de convenio se puede presentar hasta final del mes de diciembre», recuerda Casserras.
El administrador concursal expresa que “hay reservas y observaciones” al plan propuesto aunque esto no se ha producido oficialmente. Pese a no estar por escrito, y que el IVF, que es el principal acreedor, no se ha manifestado, Jordi Caserras apunta que “el IVF está dispuesto a atender las observaciones pero formalmente no se ha manifestado”.
La posición del IVF es especialmente delicada en este asunto ya que Enrique Montes, presidente del IVF, tiene que tomar una decisión sobre una empresa cuya gestión corresponde íntegramente a Manuel Illueca, que fue que el director del IVF durante la etapa de Ximo Puig como presidente de la Generalitat.
Marie Claire es una empresa ubicada en un población del interior de Castellón, Villafranca del Cid, que tiene 2.200 habitantes y sólo ella daba 300 empleos directos. La fábrica está a menos de 40 kilómetros de Morella, pueblo del que Ximo Piuig fue alcalde entre 1995 y 2012.
El IVF prestó a Marie Claire 9,5 millones en 2021 y otros 12 millones de euros en 2022. Este último préstamo se anunció once meses antes de que la empresa cayera en concurso de acreedores. Según consta en la nota de prensa que se emitió en ese momento, se acordó una «operación de financiación por valor de 12 millones de euros aprobada en el marco del Fondo Valenciano de Resiliencia para empresas estratégicas que se han visto afectadas por la crisis».
El objetivo era: «garantizar la liquidez y viabilidad de la empresa». Para ello, el IVF se aseguró una serie de condiciones con las que pasaba a controlar la actividad. La comunicación oficial dice: «Tal y como ha apuntado el responsable de Hacienda (Arcadi España), el contrato suscrito entre la Generalitat y Marie Claire contempla una serie de obligaciones para la empresa castellonense como el compromiso de mantener su actividad hasta que se cumpla el plazo en que se extinga la operación de préstamo y, además, ubicarse en la comarca de Vilafranca del Cid, al tiempo que debe asegurar y promover el mantenimiento del empleo en la zona».
A este se le añade: «Además, en caso de iniciar un expediente de regulación de empleo, así como en caso de externalizar parte o totalmente su actividad fuera de la comarca, con la apertura de nuevos centros de trabajo, la empresa deberá solicitar la autorización previa del IVF».
Y, todavía más significativo en lo referente al control de la compañía por parte del IVF, se apunta: «Igualmente, deberá cumplir con el plan de viabilidad presentado para la concesión de las operaciones de financiación aprobadas y presentar ante el IVF cuanta información financiera se requiera sobre sus cuentas anuales, balances de situación o cualquier otra información requerida de forma periódica que permita hacer seguimiento de su situación económica».
De este modo, el IVF conoce quién y qué se ha hecho en la compañía desde que se adoptó este acuerdo. Dicha información, por tanto, permitiría esclarecer cómo una empresa que en junio de 2022 es adecuada para recibir un préstamo de 12 millones de euros para «garantizar la liquidez y viabilidad de la empresa» acaba en concurso de acreedores 11 meses después al no tener ni liquidez ni viabilidad.