El portazo de Sánchez a Ximo Puig con el agua amenaza 16.000 empleos en el campo valenciano
La decisión de Pedro Sánchez de negar el agua del trasvase Tajo-Segura a la Comunidad Valenciana pone en riesgo 16.000 empleos, según los datos de Asaja Alicante. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido un portazo que amenaza con importantes consecuencias a la Comunidad Valenciana. El quebranto económico que sufrirá la provincia de Alicante al quedarse sin el agua del trasvase se eleva hasta los 5.300 millones de euros. Ximo Puig se ha alineado con los agricultores y busca un acuerdo que mantenga el regadío, especialmente, de naranjas pero no tiene el respaldo del presidente del gobierno. Además, los agricultores les están dando la espalda al presidente valenciano.
El problema se ha producido por la decisión del gobierno central de elevar el caudal mínimo a partir del cual se trasvasa agua desde el Tajo hacia el Segura. El enfrentamiento entre los agricultores y el PSOE dio ayer un paso más. Asaja Alicante ha pedido el cese de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al considerar que la ministra ha mentido. Desde la asociación agricultores alicantina aseguran que “las sentencias del Supremo dicen que deben instituirse caudales ecológicos en el resto del Tajo, pero no en la zona del Alto Tajo como afirma la ministra de Transición Ecológica”. La diferencia entre una medición y otra hace posible o no el trasvase.
A nivel económico, la repercusión es desastrosa, según explica a Economía Digital Joaquín Melgarejo, portavoz de la comisión técnica del agua de Asaja Alicante. La decisión sobre el trasvase pone en riesgo 27.000 hectáreas de regadío. Esto supone poner en riesgo más de 16.000 empleos, más del doble que los que tiene la factoria de Ford Almussafes.
Los agricultores de Alicante cuantifican en 3.400 millones las pérdidas patrimoniales sin el trasvase Tajo-Segura más 2.100 millones adicionales por el lucro cesante de los regadíos sin agua
“El impacto económico es de 5.300 millones de euros«, aseguran desde Asaja Alicante, que calculan que sin trasvase se produciría una depreciación de los campos que conllevaría unas pérdidas patrimoniales de 3.400 millones de euros a lo que se suma un lucro cesante, que han cuantificado en 2.100 millones de euros.
Con estos datos encima de la mesa, la decisión que tomó ayer Asaja fue pedir el cese de la ministra Teresa Ribera mientras estudia si, legalmente, puede “interponer una querella por prevaricación administrativa y/o delito de falsedad documental contra la ministra Teresa Ribera por mentir de forma reiterada y pública sobre los caudales ecológicos del Tajo”.
Asaja Alicante también se puso ayer en contra de Ximo Puig, al que atacó por el segundo frente que tienen los agricultores alicantinos: el agua de desaladora. Los agricultores alicantinos critican que Ximo Puig haya incorporado al debate actual la sustitución del agua del trasvase por agua desalada. “No queremos agua para siempre, queremos que se mantengan las reglas actuales de la explotación del trasvase que nos permite desarrollar nuestra actividad”. El eslogan «Agua para siempre» es del PSOE mientras que en la guerra del agua de hace 20 años el PP usó el «Agua para todos».
Esta postura tiene una base técnica relacionada con el boro. El agua de las desalinizadoras pierde la sal, pero incluye niveles de boro que, aun siendo óptimos para el consumo humano, son perjudiciales para algunos tipos de cultivos. En concreto, destroza los cítricos, aunque no afecta, por ejemplo, a las hortalizas. La solución que se aplica actualmente es diluir el boro del agua desalinizada con agua del trasvase.
De este modo, el agua del trasvase Tajo-Segura no sólo es una pérdida neta de capacidad de riego sino que, además, inhabilita el riego de naranjos al sur de Alicante. La zona más importante de cítricos de la provincia de Alicante es la comarca de la Vega Baja, donde está la desaladora de Torrevieja.
El conseller de Hacienda insiste en la conciliación
El enfrentamiento de Asaja con el gobierno valenciano no obtuvo contraataque sino, en la línea de Ximo Puig en este asunto, se volvió a incidir en la necesidad de acuerdos. Arcadi España, conseller de Hacienda, insistió en Alicante que el gobierno valenciano está «al lado de los regantes». «Las guerras del agua nunca traen agua», insistió el conseller de Hacienda, ya que la postura del PSOE es alejar la opción de una guerra como la vivida hace 20 años que polarizó a la sociedad notablemente.
En vez de ello, la postura de los socialistas valencianos, verbalizada ayer por Arcadi España, fue defender los intereses «no sólo legítimos, sino justos» de los regantes alicantinos, cuestión que incidió que va a hacer con «firmeza». Es la negociación, por tanto, la vía en la que insiste el gobierno valenciano.
Desde la oposición, se continuó con la ofensiva. El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “miente cuando habla de agua y miente sobre la presunta financiación irregular del PSPV”.
“Las palabras se las lleva el viento, pero lo que no se lleva el viento es su abstención en el Consejo nacional del agua”, ha señalado. “Cuando el President de la Generalitat se calla, se rinde y se arrodilla ante el mayor recorte del trasvase no está habilitado para representar a la Comunitat Valenciana”, ha añadido Mazón.