Pescanova: los pequeños accionistas, sin indemnización, quieren ir a por la auditora BDO
La sentencia del Tribunal Supremo del caso Pescanova no convence a los pequeños accionistas, que indican que se quedan sin posibilidad de indemnización y apuestan por reclamar ante la Justicia Europea y denunciar a BDO, la auditora de la pesquera, que ha resultado absuelta, por la vía civil.
El alto tribunal rebajó de ocho a seis años la pena de cárcel para el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, y exculpó a la auditora, que dio durante años el visto bueno a las cuentas de la compañía, si bien esta en realidad estaba en situación de quiebra, con un agujero patrimonial de unos 1.000 millones de euros.
El Supremo, además de rebajarle la pena al expresidente de la multinacional (al absolverle de los delitos de estafa, falsedad documental y aplicar una atenuante por dilaciones indebidas, aún ratificando que falseó las cuentas de la firma), mantiene que Fernández de Sousa y Pescanova (una sociedad ahora sin actividad industrial) deben indemnizar solidariamente en más de 125 millones de euros a los inversores perjudicados.
Conducta «descuidada» pero no dolosa
Aunque el tribunal sostiene que BDO tuvo una conducta descuidada y no cumplió con sus funciones como auditora, no apreció un comportamiento doloso, por lo que la absolvió de responsabilidad civil y, por lo tanto, de tener que participar en el pago de indemnizaciones.
La exoneración de la auditora supone en la práctica que se esfumen las posibilidades de los pequeños inversores de recuperar su dinero. El abogado Joaquín Yvancos, que representa a unos 200 de los perjudicados (con unos 7 millones de euros comprometidos), indica que, tras la resolución, la única alternativa que se abre es acudir a la vía civil contra la auditora, un trámite que tendrá costes, ya que es necesario, entre otras cosas, contratar peritos para elaborar informes económicos.
Acudir a Europa
En todo caso, tras expresar su malestar por las rebajas en las condenas, Yvancos ha señalado que estudian acudir a la justicia europea, al considerar que el sistema judicial español no ha respetado los derechos de los perjudicados. Asimismo, reclamarán el ingreso inmediato en prisión de los condenados y que se deriven responsabilidades, para que puedan cobrarse las indemnizaciones, a la Nueva Pescanova (en manos de Abanca).
La sentencia del Supremo todavía no es firme, ya que debe esperarse un plazo para la presentación de incidentes de nulidad. Agotado ese trámite, el Ministerio Público seguirá el procedimiento habitual: dar unos días para que el principal condenado (el resto no llegan a la pena de 2 años de prisión) ingrese voluntariamente en la cárcel y, de no ser así, la Audiencia Nacional emitiría una orden de búsqueda y captura.
