Monbus y Alsa, acusadas de cártel, justificaron su alianza por la caída de ingresos del Covid 

Antes de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenara a Competencia investigar si Monbus y Alsa concertaron ofertas en el principal concurso de transporte por carretera que licita la Xunta, las dos empresas ya habían tenido que dar explicaciones. Lo hicieron a la propia mesa de contratación de la Consellería de Infraestruturas, que hizo un requerimiento a los dos operadores para que justificaran los motivos para concurrir aliados, es decir, conformando UTEs en cinco de los lotes del contrato y sin competir entre sí en ninguno de los otros 24.

Como es conocido, no hay inconveniente alguno en que una unión de empresas opte a la adjudicación, pero una denuncia del sindicato CIG advertía de un posible acuerdo colusorio o un reparto de mercado en la alianza entre dos grupos que están entre los mayores del sector en España y a los que se les supone solvencia suficiente para asumir por sí solos los servicios.

La mesa, presidida por el vicesecretario xeral de la Consellería, José Antonio Domínguez Varela, pidió entonces a las empresas que explicaran su participación conjunta en el concurso, dividido en 29 lotes y con un presupuesto de 237,4 millones. La respuesta de Monbus y Alsa quedó recogida en el acta número 8 de la mesa de contratación, que luego sirvió como apoyo a la Comisión Galega da Competencia para archivar las denuncias por cártel contra las compañías en la resolución posteriormente anulada por el TSXG.

Los efectos del Covid

Monbus y Alsa invocaron hasta siete motivos, dos de ellos, relacionados con la pandemia. Aunque la primera fase del concurso, con un presupuesto de 497 millones, se desarrolló durante 2019, los hechos investigados atañen a los 29 lotes XG-800 a XG-891, que se repartieron en una segunda fase en 2020, cuando estalló la crisis sanitaria. Las empresas explicaron que la duración de los contratos (por 10 años) y el impacto del Covid en todo el sector era una de las razones para unir fuerzas.

Añadían que «la agrupación de empresas permite dar una mejor respuesta a los compromisos de inversión a largo plazo que requiere el contrato (inversión en flota, carga financiera), lo que resulta especialmente necesario en el contexto actual generado por el Covid en el sector del transporte de viajeros».

Las sinergias entre Monbus y Alsa

Las compañías de Raúl López y Jacobo Cosmen expusieron que la alianza también permitía aprovechar sinergias entre ambas empresas. Por ejemplo, podían beneficiarse de las instalaciones que tienen ambos grupos en las zonas de servicio de cada lote, «lo que permite generar también un menor rodamiento en vacío de los vehículos y generar importantes economías de escala, reduciendo costes y mantenimiento«. Del mismo modo, «la no adscripción en exclusiva de los vehículos para la ejecución del contrato y la posibilidad de atender las relaciones de tráfico de manera compartida en varios lotes» figuran como ventajas de concurrir en alianza.

Monbus y Alsa explican que yendo juntas tenían más posibilidades de elaborar la oferta en el breve plazo establecido en la licitación e iniciar el servicio en caso de ser adjudicatarias. Finalmente, señalan que influyó en la decisión de formar UTE «la prohibición por el pliego de condiciones de concertar con un tercero la realización total o parcial del objeto principal de la prestación, es decir, del transporte público regular de viajeros por carretera».

El «rigor» de Monbus

Una vez trascendió la resolución del TSXG ordenando a Competencia que abriera expediente sancionador a Monbus y Alsa, la compañía de Raúl López avanzó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. «Tal y como se acreditó y justificó en su día, no ha habido práctica restrictiva alguna«, dijo la empresa, que aseguró que «siempre actúa con absoluto rigor e integridad dentro de la legalidad, tanto al concurrir a un concurso público como en cualquier otro aspecto del desarrollo de su actividad».

Monbus y Alsa no optaron a todos los lotes en alianza, sino a cinco. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre ellos estaban los cuatro de mayor valor del concurso. En cambio, explicaba la sentencia, en los otros 24 lotes no participaban por separado, es decir, no competían entre sí, aspecto que el tribunal consideró sospechoso del reparto de mercado.