Jueces y Gobiernos acorralan a Monbus por su red de empresas para pescar concursos públicos
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia eleva la presión sobre Monbus. En una sentencia del 10 de marzo, el TSXG reclama a la Comisión Galega da Competencia que incoe un expediente sancionador contra la compañía que capitanea Raúl López y contra Alsa (empresa propiedad de la británica National Express tras constatar «indicios de haber podido repartirse el mercado».
De esta forma, la causa vuelve a la Comisión Galega da Competencia, que en 2021 dictó el archivo de las actuaciones. Según el TSXG, el organismo dependiente de la Xunta de Galicia ejecutó este movimiento «sin realizar la comprobación de los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción».
Es por ello que el TSXG vuelve a poner esta causa encima de la mesa de la Comisión Galega da Competencia para que analice si hubo prácticas anticompetitivas por la alianza de Monbus con Alsa para concurrir mediante UTE a cinco lotes de líneas de transporte de viajeros en Galicia.
Cerco en Aragón
El TSXG ha dado este paso meses después de que el Gobierno de Aragón pusiese en la diana a Monbus por su modus operandi a la hora de participar en concursos públicos en la comunidad. Y es que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda alerta de prácticas por parte del Grupo Transmonbus encaminadas «a copar un mayor número de lotes» en los que se dividen los contratos de transporte de viajeros por carretera.
En un acta de la mesa de contratación presidida por el jefe de servicio de Planificación e Infraestructuras de Transporte, Dirección General de Transportes, David Sánchez Fraile, pone el foco en la red de sociedades articulada por el grupo gallego para acceder a estos contratos públicos. En concreto, el acta se refiere a Automóviles Zaragoza, La Hispano Igualadina y Alcala Bus.
«Un fraude de ley»
Según los asistentes a esta reunión de la mesa de contratación, Monbus habría orquestado una trama «coordinada y única con el fin de conseguir, bajo la falsa apariencia formal de ser licitadoras distintas, copar un mayor número de
lotes en los que se divide el contrato, cuya adjudicación hubiera estado limitada a un máximo de cuatro lotes en caso de se hubiera concurrido bajo una única forma societaria».
A su juicio, estas prácticas constituyen «a todas luces un fraude de ley» y asegura que todas estas licitadoras «deben ser consideradas como un mismo licitador a todos los efectos». Y es que según recoge el acta, las distintas ofertas de la red de empresas de Monbus fueron presentadas «de manera idéntica y coordinada en todos los casos».
«El formato, tipografía, portadas, membretes, encabezados y demás elementos de los documentos presentados son idénticos entre sí en todos los casos, sino que el contenido de los bloques a valorar no dependientes de los lotes a evaluar, tales como la propuesta de mejora del sistema de transporte a la demanda (…), el plan de atención al cliente o el plan de sistemas inteligentes de transporte, son idénticos en todos los casos a tenor literal, recoge el acta.
Además, el organismo dependiente del Gobierno de Aragón detecta también «patrones sin una lógica técnica aparente y común en la determinación de los precios unitarios ofertados, que hace sospechar que la fijación de dichos precios en las ofertas económicas» se habría realizado de manera centralizada.