Competencia descartó investigar a Monbus y Alsa por cártel apoyándose en resoluciones de la Xunta
Una resolución de la Comisión Galega da Competencia del 22 de octubre de 2021 archivó las denuncias contra Monbus y Alsa por presuntas prácticas anticompetitivas en el concurso de transporte regular de viajeros por carretera, el contrato más relevante que licita la Xunta en materia de movilidad, con un presupuesto de 497 millones en su primera fase y de 237,4 millones en la segunda.
El organismo que preside Ignacio López-Cháves, expresidente del puerto de Vigo y delegado de la Xunta con Feijóo en la ciudad olívica entre 2015 y 2019, concluyó que no existía «indicio de vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia» por parte de las empresas, y que, en consecuencia, «procede la no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones sucesivas a consecuencia de las denuncias presentadas», según consta en el documento al que ha tenido acceso este medio y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anular, ordenando incoar expediente sancionador a Monbus y Alsa por un presunto reparto de mercado.
Las primeras denuncias
Competencia justificó su decisión apoyándose principalmente en dos elementos: las conclusiones de la Subdirección General de Investigación del propio organismo y las resoluciones emitidas por la mesa de contratación de la Consellería de Infraestruturas, donde llegaron al menos dos denuncias presentadas por el sindicato CIG por una posible concertación de ofertas y reparto de mercado entre Monbus y Alsa, solicitando expresamente incluso el traslado a la Comisión Galega da Competencia para su investigación.
La mesa, presidida por el vicesecretario xeral de la Consellería, José Antonio Domínguez Varela, concluyó que «no existen elementos suficientes que evidencien un indicio fundado de acuerdo colusorio entre las empresas del Grupo Monbus y el Grupo Alsa que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de adjudicación». Por este motivo acordó también que no había razones que justificasen el traslado de la denuncia al órgano autonómico de competencia.
La justificación de Competencia
La posición de la mesa de contratación, explicitada en el acta número ocho del procedimiento de adjudicación, afloró nuevamente en la resolución de la Comisión Galega da Competencia que acabó derrumbando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La entidad destacaba en sus valoraciones que los pocedimientos de licitación «fueron sometidos a un intenso control tanto por las mesas de contratación, en la que se suscitaron estos hechos denunciados ante esta autoridad de competencia». Añadió que también habían realizado esta vigilancia «los órganos administrativos especializados», en referencia al Tacgal, y los tribunales, debido a los recursos presentados. Pese a ello, razonaba la entidad, ninguna de las denuncias le había llegado a través de la mesa de contratación o la Consellería, pues no habían visto indicios de cártel.
Ciertamente, las denuncias no llegaron por ese canal, pero sí que fueron numerosas. A las conocidas de la CIG y de la empresa Travieso Software Transporte de Viajeros, se sumaron otras cinco anónimas que llegaron a la autoridad autonómica a través de su homólogo estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La falta de indicios
Competencia cita expresamente los acuerdos de la mesa de contratación de la Consellería de Infraestruturas para justificar su rechazo a investigar a Monbus y Alsa. Recalca que, en el acta 7, la mesa señala que «no es suficiente el hecho de que una o alguna de las empresas que conforman las UTEs tengan solvencia suficiente para presentarse de manera independiente a un o alguno de los lotes objeto de licitación, sino que se exige que tengan capacidad y solvencia suficiente para el conjunto de lotes de los que pretendan resultar adjudicatarios, motivo por el cual, la mesa de contratación considera que el hecho expresado por la CIG en sus escritos no constituye un indicio suficientemente plausible de la existencia de un acuerdo que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación».
Competencia cita de nuevo a la mesa, tomando como referencia el acta 8, para transcribir su posición sobre las UTE. «La participación en una licitación pública de una unión y/o agrupación de empresarios no solo no está prohibida normativamente sino que estos acuerdos de cooperación entre empresas no constituyen per se un acuerdo anticompetitivo, sancionado por las normas de competencia».
Finalmente, el organismo alude a la propuesta de archivo de su Subdelegación General de Investigación, donde vuelve a hacerse referencia a la posición de la mesa de contratación, que acabó siendo un elemento clave para justificar el archivo de la denuncia. «Los elementos de cargo son las apreciaciones subjetivas de los denunciantes, no licitadores, basadas en la dimensión formal de las empresas respeto de las que finalmente elevó su denuncia a las Autoridades de Competencia (en los actas se recogen denuncias respeto de otras UTEs que concurrieron al mismo concurso), frente a lo que debe valorarse básicamente los propios pronunciamientos de contratación a la vista de los alegatos presentados en su día», recoge el documento.
Rueda recalca la independencia de Competencia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este jueves la independencia de la Comisión Galega da Competencia. «La Xunta no puede entrar en la apertura o no de expedientes. Son decisiones de un órgano independiente y poco más que decir”, zanjó el dirigente autonómico en una jornada en la que el BNG insinuó que ofrece un «trato de favor» a Monbus, el operador dominante del mercado gallego, y el PSdeG pidió la renovación de la dirección de Competencia. Aunque Rueda excluye a la Consellería de Infraestruturas de la polémica, lo cierto es que la misma denuncia llegó primero a la mesa de contratación del departamento que dirige Ethel Vázquez, que ni siquiera la trasladó a la Comisión da Competencia al no ver indicios de infracción.
La mesa de contratación, como casi todas, tenía un carácter marcadamente técnico. Estaba presidida por el vicesecretario xeral de la Consellería, José Antonio Domínguez Varela; y contaba con el jefe del servicio de coordinación de los planes de transporte, Xesús do Río. Todos altos funcionarios de la Xunta, el equipo se completaba con el asesor jurídico, Fernando Jorge Mora; el interventor, José Antonio Vesteiro; la jefa del Servicio de Planificación, Águeda Silva Seoane; y el subdirector general de Ordenación do Transporte, Antón García.
