¿Y si la ley de vivienda sale mal? Las inmobiliarias prevén una retirada masiva de pisos del mercado

Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar el encarecimiento de los alquileres en determinadas zonas urbanas y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda van en dos direcciones: por un lado, ampliar significativamente el parque público residencial, construyendo o vehiculizando miles de inmuebles hacia el alquiler social; por otro, frenar el ascenso de los precios mediante la primera Ley de Vivienda de la democracia.

La eficacia de estas dos medidas ha sido puesta en duda por profesionales del sector inmobiliario y patronales, que, de entrada, ya estaban en contra de intervenir sobre los precios. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lamentó precisamente su carácter «intervencionista», y Foment señaló que la solución a los problemas de vivienda está en «aumentar la oferta» y no en limitar los precios.

Bajo esta lógica, las 100.000 viviendas públicas que se marcó como objetivo Pedro Sánchez parecen ir en la dirección correcta, pero construirlas o reformarlas requiere tiempo. Soluciones más rápidas, como derivar los activos de la Sareb al alquiler social, también están bajo sospecha, al no haber aclarado el Ejecutivo si los inmuebles están en zonas tensionadas o no, ni el estado de conservación en el que se encuentran.

Reducción de la oferta

Al margen de estos elementos de duda, las inmobiliarias también advierten de un efecto contraproducente de la nueva ley para los objetivos que persigue. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias teme que genere incertidumbre en el propietario, inseguridad jurídica, y acabe por mermar la ya exigua oferta de pisos en comercialización para arrendamiento. Actualmente hay en Galicia solamente unas 2.900 viviendas disponibles para alquilar, según datos de la organización.

Fegein teme que los topes a los precios pesen más que los estímulos fiscales a los propietarios y que estos acaben huyendo del mercado. De hecho, en un informe de este mismo abril vaticina una caída de la oferta en los próximos 12 meses de entre el 20% y el 32%. Es decir, entre 600 y 1.000 viviendas podrían salir del mercado del alquiler a explorar otros territorios. La mayoría, considera la patronal, irían a la vivienda vacacional (40%) o al mercado de compraventa (30%).

Finalización de contratos

Además, Fegein señala que actualmente hay 170.671 viviendas con contrato de arrendamiento en vigor. Estima que entre un 12% y un 20% de esos inmuebles se retirarán del mercado en un periodo de 18 meses, aprovechando el vencimiento de los contratos.

«No aliviará los precios, todo lo contrario. Reducirá notablemente la oferta de vivienda en alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada. Todo ello con una demanda que seguirá creciendo a razón de entre un 5% y un 8% anual«, indica la organización que preside Benito Iglesias.

También señala que la reducción de la oferta es especialmente perjudicial para los inquilinos vulnerables y que la normativa «ahuyenta la inversión en alquiler tanto de personas físicas como jurídicas, y, en especial, la de inversores foráneos».