El pacto PSOE-Sumar pone en riesgo futuras inversiones de Repsol en Cartagena, Bilbao y Puertollano

El impuesto a las energéticas y la banca que activó en la pasada legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez sentó muy mal al conjunto del sector. Lo criticaron, lo pagaron y también lo llevaron a los tribunales. Cuando parecía que se había rebajado la tensión, Repsol ha lanzado un mensaje contundente: estudiará reducir inversiones si PSOE y Sumar siguen adelante con la intención de mantener el gravamen.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha lanzado toda la artillería durante la conferencia con analistas de este jueves contra el reciente anuncio que han hecho PSOE y Sumar cuando comunicaron su pacto de investidura. Quieren mantener el impuesto a las energéticas. La respuesta no se ha hecho esperar. 

El CEO de la petrolera ha sido muy claro con respecto al impuesto: «Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país». Desde Repsol han advertido de que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país». 

Esas futuras inversiones podría afectar a algunas de sus plantas industriales más importantes de España, como es el caso de Cartagena, Bilbao o Puertollano. Se trataría de nuevos proyectos de ampliación o nuevos usos.

Hasta la fecha, por lo que tiene que ver con la inversión realizada, y según consta en el Plan Estratégico 2021-25 de la compañía, los principales proyectos de inversión industrial ligados a la descarbonización de la compañía se elevan a más de 350 millones de euros.

Destaca con 200 millones de inversión la construcción de su refinería de Cartagena de la primera planta de producción de biocombustibles avanzados de España. Repsol tiene previsto suministrar 250.000 toneladas al año de biocombustibles avanzados para aviones, camiones y coches. 

Repsol y su apuesta industrial 

En Bilbao, Repsol tiene dos proyectos industriales de descarbonización que la compañía desarrolla con la participación de destacados socios nacionales e internacionales. Las instalaciones suponen una inversión inicial de 80 millones de euros. Los proyectos, centrados en la producción de combustibles sintéticos y la generación de gas a partir de residuos urbanos, reflejan el interés de la empresa por invertir a nivel industrial. 

En Puertollano (Castilla La-Mancha) hay diversos proyectos relacionados con la economía circular en el negocio químico, y se esperaban inversiones alrededor de 70 millones de euros.   

Otro foco esencial para la compañía tiene que ver con el biogás, donde existen inversiones, según consta en el Plan Estratégico 2021-25, que sobrepasan los 20 millones de euros. El objetivo es la sustitución del gas natural convencional.  

Existen otros proyectos que no estaban destacados en la hoja de ruta pero que son un impacto directo en la general de empleo. Por ejemplo, Repsol ha apostado por tener la primera planta de la Península Ibérica para la fabricación de polímeros de alta resistencia al impacto. Para producir estos materiales, la compañía adecuará una de las unidades de su complejo industrial de Tarragona, con un coste total de 32 millones de euros, entre inversiones y otro tipo de desembolsos. 

¿Hasta dónde llegará la tensión? 

Imaz, no obstante, no ha querido incendiar todos los puentes con el que puede ser próximo gobierno de coalición. Asimismo, el CEO de Repsol, que ha dado buena parte de las explicaciones durante la conferencia con analistas tras la presentación de resultados, ha querido pisar el freno en cierto modo. 

Sostiene que, pese a todo, van a «analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados». Pero la batalla está planteada. 

El máximo dirigente de Repsol ha dejado claro que dará «batalla» a este gravamen tanto en la Justicia española como europea. En este sentido, Imaz ha puesto de manifiesto que ya existe una «diferencia bastante importante» entre lo que definió el Consejo Europeo como impuesto, siendo temporal para responder a las condiciones especiales del mercado y basada en los beneficios; y no en la facturación como en España. 

En estos momentos Repsol ya tiene tramitado por la vía legal el asunto. Presentó un recurso contencioso-administrativo contra el impuesto especial en la Audiencia Nacional y acudió a los tribunales europeos. 

Pero Imaz ha dejado claro que irá hasta el final. En el caso de que en la Audiencia Nacional se tumbe el recurso de la empresa, Repsol irá al Tribunal Constitucional, ya que cree que el gravamen «es inconstitucional y además está rompiendo la competencia europea».