Celsa: el Gobierno ignora las súplicas de Rubiralta y da luz verde a los fondos con condiciones

Después un mes de incertidumbre desde la sentencia de un juzgado mercantil de Barcelona que otorgó a los fondos acreedores internacionales la propiedad de Celsa, la cuarta mayor empresa catalana por facturación, la operación empieza a tomar forma.

Fuentes cercanas a los nuevos dueños de la compañía siderúrgica confirmaron ayer que en los próximos días los fondos presentarán la documentación al Gobierno para obtener luz verde a la toma de control de la compañía, tras el intento de los Rubiralta para que Moncloa usase el escudo antiopas para impedir el aterrizaje de los fondos.

Previamente, los fondos acreedores, liderados por Deutsche Bank y Attestor, obtuvieron la aprobación gubernamental con condiciones estrictas, según informó ayer Bloomberg.

Una de las condiciones más destacadas es la incorporación de un socio industrial español que adquiera el 20% del capital de Celsa, con el objetivo de preservar la españolidad del grupo. Empresas del sector siderúrgico y otras industrias pesadas son las candidatas ideales para esta colaboración. Los fondos tienen seis meses para cumplir con esta condición una vez que se apruebe la operación.

Las negociaciones con el Gobierno también establecieron restricciones adicionales, incluyendo la preservación de la sede operativa de Celsa en Castellbisbal (Barcelona), la prohibición de cierre de plantas y despidos durante un período determinado.

La solicitud de permiso al Gobierno se formalizó un mes después de que el juez homologara el plan de los fondos, reconociendo la insolvencia de Celsa y la necesidad de la intervención de los acreedores para evitar el concurso de acreedores.

Adiós al control de Rubiralta en Celsa

Rafael Villaseca, ex consejero delegado de Naturgy, ha desempeñado un papel crucial en las negociaciones y ha sido seleccionado como presidente no ejecutivo de Celsa en esta nueva etapa. El próximo CEO de la compañía será un ejecutivo catalán procedente de una multinacional extranjera del sector industrial.

A pesar de la aprobación gubernamental, la familia Rubiralta, que no recibirá parte del accionariado, ha visto cómo su control sobre Celsa se desvanece. La compañía, dedicada a la fabricación de acero a partir de chatarra en hornos eléctricos, enfrentará un futuro incierto bajo la nueva dirección de los fondos acreedores. Su facturación consolidada del año pasado ascendió a 6.084 millones de euros.