Yolanda Díaz se mete en la recta final del caso Celsa y exige frenar a Deutsche Bank y los fondos

Va más allá de Telefónica y los saudíes: la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tiene en el punto de mira también la operación de Celsa y la entrada de Deutsche Bank y los fondos. Así, no cabe duda para ella: hay que bloquear este tipo de cambios de capital en empresas estratégicas y, sobre todo, conseguir retener la sede social en nuestro país.

Desde Sumar no hay duda y la transparencia es total: la intervención para frenar lo que sucede en Celsa pasa por tres puntos, y ninguno de esos tres está «al margen del comportamiento ordinario de los países de nuestro entorno», según palabras de la propia Díaz este miércoles en la reunión del grupo parlamentario. Así, el primer punto está claro: España, a ojos de la vicepresidenta segunda en funciones, tiene que mejorar legalmente el llamado escudo antipoas.

Pero no sólo quedarse ahí: Díaz también reclama avanzar hacia un modelo industrial con participaciones de control de la SEPI en el accionariado de las empresas y, especialmente, recuperar la acción de oro para las decisiones estratégicas.

¿Por qué? Para su partido está claro: cualquier cosa en pos de preservar «la autonomía y la creación de empleo en empresas estratégicas». «Una defensa total del tejido productivo, que nos hacen independientes de los poderes e influencias contrarias al interes general del país y son fundamentales«, en definitiva.

Los fondos necesitan la autorización de Moncloa

No es el único miembro de Moncloa que se ha pronunciado al respecto en las últimas horas. El ministro de Industria en funciones, Héctor Gómez, preguntado por cuándo prevé el Gobierno pronunciarse sobre Celsa, afirma que «los tiempos no están marcados» todavía y que el Gobierno se centra en mantener contactos con los diferentes actores implicados para garantizar «la viabilidad» de la siderúrgica y el «mantenimiento del empleo».

En una sentencia que se dio a conocer a principios de mes, un juez ha dado el control sobre Celsa a los fondos acreedores de la compañía, pero ahora el Gobierno debe autorizar esa toma de control, al tratarse de inversores extranjeros que se harían con el 100% del accionariado de una empresa estratégica.

Respecto a la compra del 9,9% de Telefónica por parte de la empresa de telecomunicaciones saudí STC Group, Gómez comentó que el Gobierno se pronunciará sobre esta operación «cuanto tenga la información por cauces formales y adoptará las decisiones que correspondan», en el sentido de que el inversor saudí todavía no ha solicitado la autorización del Gobierno a esa operación.