Celsa cuadriplicó los beneficios en España y Francia en pleno órdago de los fondos

No hay ninguna duda de que Celsa funciona. Si los la familia fundadora y sus acreedores han peleado hasta el final por el control de la empresa, ha sido, en parte, porque es una máquina bien engrasada que más allá de su deuda da dinero. Solamente en España y Francia, el gigante catalán del acero cuadriplicó su beneficio neto en el pasado ejercicio, marcado por el órdago de los fondos tenedores de su deuda.

Barna Steel, el holding que agrupa las distintas sociedades españolas de Celsa así como la empresa Celsa France, catapultó el año pasado sus ganancias hasta los 292 millones de euros, después de superar la pandemia y mientras escalaba la pugna entre los Rubiralta y los acreedores, según las cuentas consolidadas reportadas al Registro Mercantil. En 2021, los beneficios netos de la sociedad que engloba el negocio español y francés del grupo fueron de 75 millones.

Los buenos resultados se dieron tanto por la reactivación de la economía mundial, como por el incremento de los precios en el sector del acero, según apunta la compañía en la memoria anual. En este sentido, Barna Steel facturó 3.481 millones de euros, un 8,37% más que en el ejercicio anterior, mientras que el resultado de explotación se duplicó hasta los 461 millones de euros.

La totalidad del grupo Celsa facturó un récord de 6.084 millones de euros el año pasado, una mejora interanual del 10%, y alcanzó un resultado de explotación de 867 millones de euros; por lo que Barna Steel representa alrededor del 50% de la corporación. Al negocio español, habría que sumarle las operaciones de la empresa en el Reino Unido, en Polonia y en los Países Nórdicos.

Celsa France consolida su negocio en España dado que su actividad está muy interrelacionada con las fábricas del grupo ubicadas en el norte del país. De hecho, es el principal suministrador de palanquilla de Celsa Atlantic, la empresa que gestiona las factorías ubicadas en A Laracha (A Coruña) y Vitoria.

El inicio del proceso judicial

Mientras los hornos de Celsa funcionaban con normalidad, en 2022 se inició el proceso que culminó a principios de este mes con una sentencia judicial. Hace justo un año, los acreedores de la corporación presidida por Francesc Rubiralta presentaron un plan de reestructuración para capitalizar 1.352 millones de euros de la deuda de la compañía, con el que se convertirían, de facto, en los propietarios de la corporación.

El 4 de setiembre de este año, el juzgado mercantil número 2 de Barcelona dio luz verde a la homologación de dicho programa, alegando que el valor de la compañía es inferior a su pasivo, que se eleva hasta los 3.000 millones.

Ahora, el grupo de inversores, entre los que destacan Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital, se encuentra en plenas negociaciones con el Gobierno español para conseguir el permiso definitivo que les permita tomar el control de la siderúrgica. La operación está sujeta a al Real Decreto 571/2023, que desarrolla el llamado escudo antiopas aprobado tras la pandemia y regula las inversiones extranjeras en empresas nacionales.

Según esta normativa, toda compra de más de un 10% del capital de una compañía española considerada estratégica por parte de un inversor de fuera de la Unión Europea necesita la autorización del Gobierno. Algunos de estos hedge funds son comunitarios, pero no todos, por lo que acabará dependiendo de cómo tengan distribuida la deuda.

Moncloa ya avanzó que sus principales requisitos para aprobar el cambio de propiedad de Celsa son que se garantice el empleo y que se mantenga en España la sede y el centro de operaciones. Además, el Ejecutivo exigirá a los nuevos dueños de la empresa que vendan un 25% del capital a un socio español, según avanzó la semana pasada El Confidencial.