Los expertos para la reforma fiscal de Sánchez criticaron el Impuesto de Patrimonio por obsoleto

Con el Tribunal Constitucional a punto de decidir si valida -o no- el impuesto a las grandes fortunas creado por el Ejecutivo para contrarrestar las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la posibilidad de una reforma de este gravamen para tratar de impedir que las regiones puedan ‘anularlo’ vuelve a estar encima de la mesa. Ya sea reformando el propio impuesto o convirtiendo en permanente esta tasa temporal de solidaridad, como la definió el Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez, si consigue la investidura, tendrá que hacer frente a una reforma fiscal sí o sí, ya que ese es uno de los compromisos con Bruselas para conseguir los fondos europeos. Los cambios en el sistema impositivo deberían seguir el Libro blanco que un comité de expertos designado por el Gobierno elaboró y presentó el año pasado, aunque el Ministerio de Hacienda lo guardó en un cajón, aduciendo que no era el momento adecuado por el estallido de la guerra de Ucrania y la situación económica.

Los expertos elaboraron un extenso informe en relación con la tributación de la riqueza y, en concreto, los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones, precisamente los que están más cuestionados por los nuevos gobiernos populares. Su análisis parte de que la aplicación de ambas figuras, en su actual configuración, «plantea notables problemas».

«Junto a la obsolescencia que se aprecia en su diseño y características estructurales, el ejercicio de las competencias normativas por parte de las CCAA ha dado lugar a una regulación dispar, que está incidiendo en su aplicación efectiva, con implicaciones negativas en relación con la eficiencia y equidad», detalla el documento de los expertos. El comité señaló que estas figuras estarían justificadas para mantenerlas en el sistema fiscal «con un diseño moderno y eficiente de los mismos», así como relacionados con el resto del sistema tributario y, en particular, con la imposición de la renta. De hecho, los expertos apuntan que sería posible «la supresión» de ambos tributos «siempre que se articule de acuerdo con los principios constitucionales», aunque señalan que eso excede su cometido.

Sobre el diseño, los expertos manifestaron una serie de reformas posibles en el tributo, desde evitar la sobreimposición de bienes inmuebles (que ya están incluidos en otros impuestos), pasando por las exenciones existentes o el mínimo exento y la escala estatal del gravamen. Sin embargo, el principal nudo gordiano pasa por el hecho de que este gravamen está transferido a las comunidades autónomas, que si bien no pueden eliminarlo -hace falta una ley estatal- sí pueden bonificarlo al 100%, evitando que se cobre por parte de las arcas públicas.

Es precisamente este el objetivo de la tasa de solidaridad: evitar que las comunidades autónomas puedan dejar de ingresar por el concepto de patrimonio. Aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros y, para evitar la doble imposición, los contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas solo tributan por la parte que no haya sido gravada por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio, de ahí que la recaudación provenga fundamentalmente de las comunidades que bonifican total o parcialmente dicho impuesto.

Este martes el pleno del Tribunal Constitucional comenzará a evaluar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el gravamen, al ser la principal región afectada por su diseño. También Andalucía, Galicia y Murcia lo recurrieron.

Si bien el Ejecutivo confiaba en recaudar más de 1.500 millones por esta tasa, la cifra final ha quedado lejos de esas estimaciones: los ingresos fueron de 623 millones. Hacienda señaló en una nota del pasado septiembre que, sumando los recursos del impuesto de patrimonio en las comunidades que sí lo recaban, el total asciende a más de 1.868 millones de euros, en la línea de las estimaciones.

El Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación a una modificación del sistema tributario con el objetivo, de acuerdo con el resumen que hace la Comisión de las reformas, de «llevar la ratio de ingresos por PIB de España más cerca de la media de la Unión Europea». En concreto, el Ejecutivo se comprometió a asegurar un gravamen mínimo del Impuesto de Sociedades, a una revisión del sistema tributario para hacerlo más eficiente y adaptado a las nuevas tendencias, incluyendo una perspectiva de género.

Además, la reforma fiscal pasará por fijarse en los impuestos medioambientales, empresariales, de la economía digital, así como la armonización de la imposición de la riqueza y de las actividades económicas emergentes. «Las reformas tendrán que estar acompañadas de un análisis de su impacto distribucional, con un enfoque particular en las familias con hijos», detalla el acuerdo público con la Comisión.