El Plan Presupuestario del Gobierno omite la reforma fiscal prometida a Bruselas

El Plan Presupuestario que el Gobierno envió esta semana a Bruselas no contempla la reforma fiscal comprometida con la Comisión Europea que el Ejecutivo ya tendría que haber aplicado. Los únicos ingresos adicionales que contempla el Gobierno pasan por los que le supondrá la retirada de las medidas anticrisis, como la rebaja del IVA de los alimentos, o la subida de las cotizaciones recogida en la reforma del sistema de pensiones. En total, unos 6.000 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno pactó, también con Bruselas, una reforma fiscal que bebería de las propuestas de un Comité de Expertos. Este comité formuló el llamado Libro blanco para la reforma fiscal, publicado el año pasado, pero que el Ministerio de Hacienda aparcó alegando que no era el momento, poco después del estallido de la guerra de Ucrania.

Ahora bien, lo escrito, escrito queda. Y la luz verde definitiva que el Consejo de la Unión Europea dio a la Adenda del Plan de Recuperación este martes reafirma este compromiso. El hito 388 del Plan de Recuperación forma parte del quinto desembolso de los fondos europeos, valorado en cerca de 8.000 millones de euros, y que debería solicitarse en la primera mitad del año próximo.

La reforma fiscal sigue en pie

El Gobierno tendrá que enviar a Bruselas los documentos que prueben la entrada en vigor de las citadas modificaciones fiscales, con el objetivo, de acuerdo con el resumen que hace la Comisión de las reformas de «llevar la ratio de ingresos por PIB de España más cerca de la media de la Unión Europea». En concreto, el Ejecutivo se comprometió a asegurar un gravamen mínimo del Impuesto de Sociedades, a una revisión del sistema tributario para hacerlo más eficiente y adaptado a las nuevas tendencias, incluyendo una perspectiva de género.

Además, la reforma fiscal pasará por fijarse en los impuestos medioambientales, empresariales, de la economía digital, así como la armonización de la imposición de la riqueza y de las actividades económicas emergentes. «Las reformas tendrán que estar acompañadas de un análisis de su impacto distribucional, con un enfoque particular en las familias con hijos», detalla el acuerdo público con la Comisión.

Según indicaron fuentes gubernamentales en un encuentro con medios tras la aprobación de la Adenda por parte de la Comisión, la reforma fiscal pactada con Bruselas no se había tocado durante una negociación en la que sí que se cayeron los peajes en las autovías, una medida muy impopular. Su puesta en marcha ha sufrido un retraso por la interinidad del Gobierno, ya que el quinto pago, en primeras versiones del calendario, tenía que solicitarse a finales de este año. La solicitud del cuarto desembolso, valorado en 10.000 millones de euros, se enviará en las próximas semanas a Bruselas, toda vez que el Ejecutivo en funciones ha conseguido agilizar la consecución de los compromisos para poder enviarlo cuanto antes.

Un informe guardado en un cajón

El Gobierno cumplimentó la primera parte de la reforma, nombrando el grupo de expertos, en abril de 2021, que entregó en mano el informe a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en marzo de 2022. Aquí Hacienda ya matizó que este documento, a pesar de lo manifestado por Bruselas, no adelantaba las medidas que podría adoptar el Ejecutivo en materia fiscal, que «en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica». En ese momento, recién estallada la guerra, la coalición decidió dejar en un cajón el informe.

En las 800 páginas del Libro blanco, los expertos apuestan por retocar el IRPF para remodelar la reducción por tributación conjunta o eliminar la deducción por arrendamiento de vivienda; repensar los tipos de IVA, ya que se benefician de los umbrales bajos las rentas más altas; o la fiscalidad medioambiental. En este sentido, los expertos plantean «un modelo de movilidad más eficiente, a través de la aplicación de diversas figuras tributarias que afectan a los combustibles empleados en las distintas modalidades de transporte, revisar e incorporar nuevos impuestos sobre el transporte (compra y tenencia de vehículos, congestión, uso de infraestructuras, aviación) y una reflexión sobre el uso de vehículos».

Si bien el pago por uso de infraestructuras -a través de peajes- queda descartado, el documento propone avanzar hacia una suerte de tributo ‘inteligente’, que gravaría, con las nuevas tecnologías, el uso del vehículo: la distancia recorrida, pero también otras figuras relativas al tipo de vehículo, el lugar y el momento de utilización. «De este modo, un impuesto sofisticado sobre el uso del vehículo permite incorporar adecuadamente los abultados costes asociados al transporte rodado en el proceso de decisión de los agentes», sostienen los fiscalistas. Según sus cálculos, un impuesto de estas características supondría ingresos de más de 31.000 millones de euros.

Ahora bien, los posibles nuevos ingresos o gastos que vengan de esa reforma fiscal no aparecen en el Plan Presupuestario para 2024 enviado a Bruselas. El Gobierno, si bien se espera que repita si el socialista Pedro Sánchez amarra la investidura, se escuda en la interinidad para mandar un enfoque con un «escenario fiscal inercial», sin nuevas medidas de gasto -más allá del incremento en pensiones y en nóminas de funcionarios- pero tampoco de ingresos, exceptuando la recuperación de los impuestos ‘perdidos’ por las rebajas fiscales una vez se retiren las medidas contra la inflación. Esto último es lo que permitirá alcanzar el déficit del 3% para el año próximo, si no hay una reforma fiscal que lo permita a la vez que las mantiene.