Cuidado con estos trucos de las inmobiliarias para cobrar al inquilino

A pocos días de que entre en vigor la nueva Ley de Vivienda, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) son muchos los inquilinos y los propietarios que se preguntan cual será el impacto sobre su día a día de las distintas medidas recogidas en la nueva normativa.

Sin embargo, la legislación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha ganado el rechazo frontal de los partidos de la oposición, pero también del sector inmobiliario, que ha lamentado que no solucione la problemática que existe en el país, a la vez que ha subrayado que se está produciendo una fuga de propietarios de vivienda en alquiler.

En esta línea, son distintas las voces que han alertado acerca de sus posibles efectos adversos, como Fedea, que apunó hacia una posible reducción de la oferta y la generación de inseguridad, o el Banco de España, que alertó contra el control de precios del alquiler.

Estos son los trucos de las inmobiliarias

Una de las medidas que introduce la nueva ley y que ha causado un mayor descontento entre los caseros es la obligación por parte de los propietarios de correr con los gastos de intermediación de las compañía inmobiliarias.

A través de esta iniciativa, el Ejecutivo se propone acabar con la regla no escrita que es el inquilino el que debe desembolsar el importe correspondiente a esta gestión.

No obstante, las inmobiliarias ya han alertado que existen distintos mecanismos para que continúe siendo el inquilino el que asuma algunos pagos vinculados con la vivienda.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria (FAI), José María Alfaro, ha advertido que las inmobiliarias se verán obligadas a pedir a los inquilinos que acudan a sus oficinas a pedir información sobre una vivienda o a buscar un alquiler, cobrarle el importe correspondiente.

Las inmobiliarias se aseguran que la fianza del inquilino se deposita en el organismo correspondiente

Según apunta al diario ABC, se trata de una cuantía justificada, puesto que las inmobiliarias velan porque se firme el contrato acorde a la Ley de arrendamientos urbanos.

También se cercioran que la fianza del inquilino se deposita en el organismo correspondiente en cada comunidad autónoma o se encargan de tramitar servicios y suministros.

Por su parte, la socia del Círculo Legal Barcelona y abogada experta en derecho inmobiliario, Arantxa Goenaga, advierte que las inmobiliarias podrían buscar fórmulas de asesoramiento, para que los inquilinos les desembolsen un importe por el servicio.

En este sentido, sugiere que el cobro de este importe se podría articular mediante figuras como la del personal shopper inmobiliario, que hace referencia a los asesores de compra especializados tanto en la compra como en la inversión en inmuebles.

Una idea con la que coincide la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), que vaticina que se firmará un contrato en el que se describa las características de la búsqueda, los servicios contratados y el coste final, pero también los gastos iniciales, que se descontarán del coste total.