Calviño se enfrenta a un caos legal por las ayudas de 500 M€ al 5G
Las ayudas al 5G en España parecen estar bajo una maldición, y cuando había tomado su rumbo, todo puede dar al traste una vez se hayan resuelto
El Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital, liderado por Nadia Calviño, ha encontrado un avispero de problemas en las ayudas al 5G. Esta conectividad ultrarrápida -que será clave en los próximos años-, necesita de cierto impulso público, sobre todo en algunas zonas. Pero se está poniendo cuesta arriba. Incluida la última partida de 544 M€.
Este martes se ha hecho público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de ayudas lanzada por el Mineco para desplegar el equipamiento necesario en los servicios de 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes por un valor superior a los 500 millones. Pero los baches vuelven a aparecer.
Las primeras ayudas en tener problemas fueron las redes pasivas. Concurso del que se borraron las empresas torreras. Posteriormente, llegaron las ayudas de fibra hasta la torre. Donde los plazos de presentación fueron criticados por los operadores. Y, finalmente, y tras bastante retraso porque debía existir aprobación por parte de la Comisión Europea, llegan las ayudas a las redes activas. Cómo no, lo hacen con su dosis de polémica.
Incluso, en esta ocasión, los problemas llegaron antes de que fuera publicada la convocatorio oficial. En concreto, Vodafone España y Huawei recurrieron las bases del concurso. En este caso, el problema tiene que ver con los suministradores, algo que afecta de manera directa al fabricante chino.
El origen de la reclamación está en que las bases vetan ‘de facto’ a Huawei, un conflicto que todavía no ha resuelto la Ley de Ciberseguridad 5G, por el cual no se podrá tener como proveedor a empresas de alto riesgo. Y los chinos entran en esta acepción.
Unas ayudas en peligro
El resumen de toda esta situación es que, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, Vodafone y Huawei se plantean recurrir todo el proceso. Los motivos que argumentan es que, tal y como se ha presentado, favorece a Telefónica de una manera poco competitiva.
Y es que, en la orden de bases de las ayudas, se explicita que si finalmente hay suministradores vetados, y esas compañías han recibido ayudas, deberán cambiar de proveedor -y asumir el coste-. Esta situación, lógicamente, es un dislate económico por lo que supondría. Justo lo que denuncia Vodafone, y que también afecta a Orange España que, por el momento, no se ha pronunciado.
Por tanto, de mantenerse el concurso en el planteamiento inicial, podría darse el caso de que rojos y naranjas no se presentasen debido al riesgo de tener que ejecutar posteriormente un cambio tecnológico en su red de 5G si, finalmente, Huawei es declarada compañía de alto riesgo.
Problemas legales
Aunque sin duda, el gran problema de todo esto puede darse dentro de unos años. Según ha podido conocer este medio, el proceso en las ayudas a las redes activas del 5G seguirá su curso -siempre sucede así, pese a que se presenten recursos no se detiene-. Todo se mantendrá con normalidad. No afecta en nada los recursos presentados por Huawei y Vodafone.
Pero los procesos legales, lentos pero fiables, podrían determinar en uno o dos años que estas ayudas no se concedieron acorde a la competencia en este tipo de concursos y que, efectivamente, se favorecía a algunas compañías. Además, fuentes legales consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, manifiestan que, acorde a la situación, hay indicios que hacen pensar que las reclamaciones podrían salir adelante.
De esta forma se genera una hipoteca en la gestión del Ministerio de Asuntos Económicos bastante importante. Además, existiría un problema intrínseco en el desarrollo del 5G, puesto que las ayudas estarían otorgadas y los planes de desarrollo ejecutados.
Por el momento, parece poco probable que el Ministerio que dirige Nadia Calviño vaya a dar marcha. Además, en el transcurso en el que han preparado las ayudas eran consciente de la situación. Es decir, que Vodafone y Orange tienen a Huawei como gran suministrador. Desde Asuntos Económicos se sabía que vetando ‘de facto’ al fabricante chino se provocaba que no todas las compañías compitieran en igualdad.