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El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado los presupuestos de 2024 con los que el Partido Popular acaba con la «crueldad fiscal» del PSOE y Compromís. Maria José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda, ha incidido en que desde el gobierno de Maria José Catalá «cumplimos lo que prometemos, dijimos que bajarían los impuestos y subiría el presupuesto y lo hemos hecho». El PSOE, por su parte, ha denunciado el aumento de la deuda, ha advertido del riesgo de que Valencia entre en un plan de ajuste y ha apuntado que el presupuesto municipal no recoge la subida salarial de los funcionarios.

La concejal de Hacienda ha destacado que los presupuestos municipales reflejan la mayor bajada de impuestos de una ciudad en España con una bajada de 70 millones centrada en el IBI y los impuestos de tracción mecánica y el de plusvalías y la tasa de alcantarillado. Esta bajada de impuestos se ha conjugado con un incremento del presupuesto tras un incremento de las transferencias del Estado y la liquidación del presupuesto. Sobre este último punto, Ferrer San Segundo ha puntualizado que el gobierno de Compromís y el PSOE «recibió 63 millones de liquidación positiva en 2022 y no bajaron los impuestos, ni hicieron viviendas ni ejecutaron las inversiones que prometieron».

«Hemos revertido la crueldad fiscal que hemos vivido los valencianos estos años», exclamó María José Ferrer San Segundo, que censuró que el gobierno de España presupuestara 32 millones para el canal de acceso y que sólo hubiera ejecutado cinco. «Ese es el regalo de Pedro Sánchez y sus satélites», ha apuntado la concejal de Hacienda.

Sandra Gómez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, se ha referido a la advertencia de la intervención municipal sobre el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en el caso de que ésta se reactivara. Esto le llevó a Gómez a advertir del riesgo de que se tuvieran que efectuar recortes presupuestarios. «Si no se cumple la regla de gasto, nos pueden meter en un plan de ajuste».

La respuesta del PP a esta acusación fue irónica. «¿Somos culpables del que el gobierno de España no haya aprobado la regla de gasto?». El apunte no es baladí ya que, aunque es previsible la formación de gobierno con la suma de partidos lograda por Pedro Sánchez en el Congreso, la mayoría en el Senado es y seguirá siendo del PP. Una de las pocas decisiones en las que el PP impondrá su mayoría para cuestiones presupuestarias será, precisamente, la regla de gasto.

Volviendo al caso de Valencia, Ferrer San Segundo apuntó que en caso de que volviera la regla de gasto sería la baja ejecución de los presupuestos heredados de Compromís y PSOE los que bajarían la disponibiildad de recursos. En este punto, la concejala de Hacienda situó la ejecución presupuestaria heredada en el 12%.

«Han utilizado las empresas públicas como alfombra para esconder la deuda»

Sandra Gómez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia

La segunda crítica del PSOE fue el incremento de la deuda. El dinero que debe el Ayuntamiento de Valencia con entidad individual va a bajar aunque no en el presupuesto consolidado. Sandra Gómez incidió ahí: «Han subido la deuda 37,4 millones de euros y han utilizado las empresas públicas como alfombra para esconder la deuda. Hay 30 millones en la EMT». La respuesta del PP fue que, técnicamente, la deuda generada en la EMT se podía no contabilizar como deuda.

La tercera andanada del partido socialista llegó al asegurar Sandra Gómez que se había «firmado una adenda para poder pagar las nóminas». En concreto, en informe de fecha 31 de octubre de 2023, la Intervención Municipal en relación con el “Proyecto de Capítulo I del Presupuesto Municipal para 2024 y Plantilla de Personal”, indica lo siguiente: “No se incluye dotación presupuestaria para un posible incremento de retribuciones en 2024, a la espera de lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024 u otra normativa aplicable al respecto”.

La crítica, certera y documentada, tuvo efecto boomerang. Maria José Ferrer San Segundo contestó: «No se cómo tienen la barra de hablar del capítulo 1. Hemos pagado tres millones de euros que dejaron de pagar a los trabajadores y tienen 7,7 millones de atrasos que dejaron de pagar”. Entre estos derechos de cobro reconocidos por convenio, según tiene constancia este diario, hay partidas generadas en 2020 y que el beneficiario no ha percibido.

Pese a los meses que acumulan algunas peticiones, el gobierno de Compromís (que llevaba personal) y de PSOE (Hacienda) se limitó a crear el expediente el algunos de los casos mientras en el servicio que tiene que gestionar el pago pone como excusa recurrente la falta de disponibilidad presupuestaria para realizar los abonos que recoge el convenio y al que tienen derecho los que trabajan en el Ayuntamiento.

Esta falta de pago por falta de disponibilidad presupuestaria coincide con el exceso de liquidez que tiene el consistorio. Tal y como explicó Economía Digital la pasada semana, la subida del euribor está suponiendo una fuerte generación de ingresos (hasta 8 millones de euros) ya que sus cuentas bancarias tienen un saldo medio de 200 millones de euros. Este tema fue tratado, por ejemplo, en la pasada comisión de Hacienda aunque no formó parte del discurso de los otros partidos políticos presentes en el pleno del Ayuntamiento de Valencia.

El análisis de Compromís se centró, además de despreciar la bajada de impuestos, en asegurar que los presupuestos son «insostenibles en el tiempo». El exalcalde Joan Ribó, que recientemente anunció que dejaba la portavocía de su grupo municipal, aseveró que «el milagro de 2024 no es sostenible en 2025 y 2026».

Juan Manuel Bádenas, portavoz de Vox, tampoco entró en el análisis de los números ya que se focalizó únicamente en buscar el cuerpo a cuerpo con Sandra Gómez, que elevó en cada réplica el tono recibido por su adversario político. Esto Vox lo utilizó para buscar sucesivamente frases más ofensivas de manera que tanto Bádenas como Gómez logran retroalimentarse en la sucesión de mensajes que mantiene tenso el enfrenamiento y que ambos buscan con recurrencia.

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