Mazón pone a Enrique Montes al frente de IVF y a Rubén Ibáñez en el Puerto de Castellón
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha iniciado los nombramientos en las empresas públicas empenzando por uno de los puestos que más preocupan a los empresarios valencianos: El Instituto Valenciano de Finanzas. Tal y como adelantó ECONOMÍA DIGITAL, Enrique Montes es el que va a llevar las riendas del IVF que tiene como función vehicular parte de los incentivos y respaldo económico que desde la Generalitat se presta al tejido productivo de la Comunidad Valenciana.
El diputado popular Rubén Ibáñez ha sido nombrado presidente del Puerto de Castellón mientras que también se han nombrado miembros de consejos de administración como el de Feria Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Respecto a la selección del próximo presidente de las Autoridades Portuarias de Valencia y de Alicante, la portavoz del Consell Ruth Merino ha señalado que se sigue trabajando en ello.
Enrique Montes ya fue nombrado director del IVF en diciembre de 2012, cargo en el que estuvo hasta julio de 2014, cuando pasó a ser el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos. Forma parte del IVF desde hace 25 años y ha pasado por las secciones de gestión de fondos, recuperaciones, desarrollo de negocio e inversiones.
La sustitución de Manuel Illueca al frente del IVF abre una nueva etapa de fiscalización sobre la gestión realizada en esta entidad pública empresarial durante los años del Botànic. En este sentido, cabe recordar que el 30 de mayo, es decir, dos días después de la elecciones, la compañía de Castellón anunció el cierre de su fábrica después de recibir 20 millones desde el IVF y haber perdido la conexión con Ximo Puig por su derrota electoral.
El gobierno valenciano nombra 12 cargos públicos
Además de Enrique Montes y Rubén Ibáñez, el Consell ha nombrado a Agustina Esteve Huertas, delegada del Consell en Alicante, Susana Fabregat Carrasquer, delegada del Consell en Castellón y a José Luis Díez Climent, director general de proyectos estratégicos.
La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha nombrado a Andrés Lluch Figueres como director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Social, un puesto crítico para la relación entre las empresas y los trabajadores ya que entre sus funciones está la gestión de los expedientes de regulación de empleo tanto temporal como definitivos. Esta misma consellería ha nombrado a José Antonio Pérez Juan, director general de Universidades, María Luis Mezquida Juan, directora general de Planificación y Servicios de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación y a Elías Amor Bravo, director general de Empleo y Formación de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha nombrado a Pedro Carceller Icardo, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo mientras que la consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública ha elegido a María Amparo Haro Cortés como directora general de presupuestos.
La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha elegido a Jorge Blanco Coll como director general de Calidad y Educación Ambiental mientras que Sabina Goretti Galindo Benito pasa a ser la directora general de agua. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha nombrado a Manuel Rosalén Caparrós como director general de Industria.
Nuevos consejo de Ciudad de las Artes y las Ciencias
El Pleno del Consell ha acordado tambień la designación de los miembros que representan a la Generalitat en el Consejo de Administración de la sociedad Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU (CACSA). Las nuevas personas representantes de la Generalitat en el Consejo de Administración de CACSA son: Santiago Lumbreras Peláez como presidente; Joaquín Vañó Gironés; Mª Eugenia Vives Arlandis; Carlos Pablo Gracia Calandín, Alida Consuelo Mas Taberner; José Salvador Tárrega Cervera; Sergio Arlandis López; Pilar Tébar Martínez; María Salomé Cuesta Valera y Paula Llobet Vilarrasa.
Por otra parte, el Consell ha aprobado el decreto ley por el que se reduce temporalmente un 10% el importe de tasas propias y precios públicos de la Generalitat y sus organismos autónomos hasta final de año para disminuir el impacto económico y social provocado por la inflación.
La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha especificado que esta reducción es una prórroga de la que ya existía. Acaba el 31 de agosto y se renueva hasta el 31 de diciembre, a excepción de las tasas ligadas a la educación cuya reducción acabará cuando finalice el curso 2023-24. El coste estimado de esta medida es de cuatro millones de euros. «Hemos pensado que ha que dar facilidades a los que peor lo están pasando», ha asegurado Merino.