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Los sindicatos de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana han tomado la decisión de aplazar la huelga indefinida que tenía que dar el pistoletazo de salida este lunes 2 de octubre. El objetivo tras la protesta era poner el foco sobre el «incumplimiento» del acuerdo de equiparación salarial que la plantilla de empleados había alcanzado tras la reversión pública del servicio, así como denunciar la «paralización» de la mesa de negociación del convenio colectivo.

Concretamente, la vaga indefinida se ha aplazado hasta el día 22 de octubre a «petición de la empresa», según han desgranado las organizaciones sindicales CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana y CSIF a través de un comunicado conjunto. De esta manera, los trabajadores han suspendido el paro que estaba convocado para la semana próxima y han accedido a dar un plazo a la nueva dirección para que tenga la oportunidad de conocer «toda la realidad de la negociación en Sitval».

Bajo el propósito de analizar y «poner en marcha» el acuerdo de equiparación, los sindicatos iniciarán un calendario de reuniones el próximo miércoles, 4 de octubre. Con todo, han avanzado que el comité de huelga se reunirá antes de la nueva fecha prevista para la huelga indefinida y tomará la decisión que considere «en vista de las negociaciones».

Montes aplaude la «responsabilidad» de los trabajadores

La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, se ha pronunciado al respecto del aplazamiento de la protesta. Después de aplaudir el «ejercicio de responsabilidad» de la plantilla de empleados de las ITV, ha dejado bien claro que desde su departamento y la nueva dirección de Sitval pondrán «todo el saber hacer y la capacidad de negociación» para alcanzar «un nuevo acuerdo».

«Abrimos un nuevo periodo, una nueva forma de negociación basada, sobre todo, en la seguridad jurídica para ambas partes para que nos pueda llevar a un acuerdo verdaderamente aplicable y no a la situación que nos hemos encontrado», ha celebrado.

La principal demanda por parte de los sindicatos es que se aplique el acuerdo suscrito por los trabajadores el 17 de mayo ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), en el que constaba una equiparación para corregir disparidades salariales, que en algunos casos superaba el 40% para los mismos puestos de trabajo, principalmente en Alicante y que afectaba a más del 40% de la plantilla.

En contraposición, la consejera considera que existen «dudas más que razonables de que el acuerdo firmado se haya tomado de manera legal». Pues, según destacó, no existe constancia de que se pidiesen los informes necesarios de Hacienda, Presupuestos, sector público o Abogacía. Asimismo, ahondó en que ni la actual dirección ni la consejería han tenido acceso al acuerdo laboral que las organizaciones sindicales aseguran que no se está aplicando.

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