Industrias y autónomos pugnan en la CEV por cómo los morosos pueden recibir subvenciones
La patronal valenciana tiene un dilema encima de la mesa. Algunos sectores industriales piden una excepción en el cumplimiento de la ley de morosidad para poder acceder a subvenciones públicas mientras que desde otros estamentos empresariales se incide en que “si alguien deja de pagar, alguien deja de cobrar”. El problema está en que la Ley ‘Crea y crece’ impide a las empresas que incumplen la ley de morosidad puedan recibir subvenciones.
Salvador Navarro, presidente de la CEV, tiene que tomar una decisión sobre si se decanta por la presiones de índole industrial o por la reivindicación de autónomos y pymes. Las soluciones intermedias, de momento, no se han puesto encima de la mesa o son demasiado abstractas.
Lo que sí que hay es un problema definido y presión. Alberto Ara, presidente de ATA y vicepresidente de la CEV, sentencia en conversación con ECONOMÍA DIGITAL: “Hay que tomar una decisión en breve sobre esta situación”.
El problema, desde el punto de vista de los autónomos, es que el retraso de los pagos a proveedores traslada los problemas de las grandes empresas a las pequeñas, siendo los trabajadores por cuenta propia el eslabón más débil. «Hay que ver qué instrumentos se tienen que adoptar y valorarlo todo en su conjunto. Si hay una posibilidad de pedir créditos extraordinarios y el IVF puede ayudar en este aspecto, se debe valorar», comentan desde ATA.
Esta solución cumple con los requisitos de los autónomos (se cumple la ley de morosidad) pero traslada a las industrias morosas un mayor endeudamiento, cuestión que sectores como el cerámico no consideran aceptable. De hecho, han mostrado en diversas ocasiones su reiterada oposición.
Aunque los afectados según los autónomos son «todos los que pueden pedir ayudas europeas y están en los diversos Perte«, desde ATA se reconoce que «Ascer tiene un problema específico porque es un sector muy dependiente del gas». Alberto Ara reconoce que «es muy complicada la situación» y que urge «una decisión».
El hecho de que la patronal de la cerámica tenga reuniones sin avisar a la CEV o que su presidente propusiera en el plan de negocios de su empresas elevar la morosidad complica el consenso. El respaldo del presidente del Gobierno es nulo en las reivindicaciones de Ascer. Igualmente, el apoyo de Ximo Puig a que se hagan excepciones en el cumplimiento de la morosidad para que la empresas azulejeras tengas subvenciones es firme.
Según aseguran desde ATA, no se ha trasladado aún la cuestión al comité ejecutivo de la CEV. Y mientras tanto, el debate se calienta porque no sólo la cerámica pide permisividad a los morosos sino que se han sumado también sectores como el textil, el calzado, el hábitat y la automoción. De momento, no hay un calendario establecido para llegar a a un acuerdo.
Las posiciones desde sectores no protagonistas de este conflicto empresarial son, todavía, demasiado etéreas. «Queremos que se cumpla ley pero que los sectores no se queden fuera de ayudas en este momento». Lo más concreto que se valora es que «temporalmente» se pueda realizar un excepción.
Esta alternativa crea un problema a aquellas patronales que tienen, fundamentalmente, pymes entre sus asociados. Incluso pudiendo llegar a crear conflictos mayores en el caso de que se cedieran posiciones en cuanto a la defensa de la ley de morosidad.
Según ha podido constatar ECONOMÍA DIGITAL, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, es consciente del debate que se está produciendo en el seno de las patronales valencianas aunque el debate no haya llegado todavía a celebrarse en sede oficial. La postura desde Madrid cuenta con que Cepyme no puede relajarse en la defensa de la morosidad ya que supondría abrir una brecha que podría aprovechar Pimec para reivindicarse con representante de los autónomos.
De hecho, ya el pasado mes de febrero, desde la patronal de la cerámica Ascer plantearon en la CEOE que se sumaran a su reivindicación de suspender el cumplimiento de la ley de morosidad. El portazo que recibieron fue sonoro, precisamente, por el enfrentamiento que se podía reproducir desde las bases de autónomos de la CEOE.
Y este riesgo tiene, además, una derivada política. Desde círculos empresariales se da por hecho que una rebaja en la defensa de la ley de morosidad sería aprovechado por Podemos y ERC para cargar contra la patronal. Tras la ofensiva iniciada por Ione Bellarra contra Juan Roig, presidente de Mercadona, el riesgo de crear nuevos ‘fuegos’ se trabaja con extremada cautela.