La Comunidad Valenciana bajó con Ximo Puig hasta el penúltimo puesto en competitividad fiscal de España
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La Comunidad Valenciana bajó hasta el penúltimo puesto en competitividad fiscal de España en 2022, durante el mandato del socialista Ximo Puig, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) realizado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation de Estados Unidos, en el que se analizan componentes fiscales como el Impuesto sobre la Renta, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como autonómicos propios.
La comunidad, ahora capitaneada por el popular Carlos Mazón, se sitúa en la decimoctava posición de la clasificación, que corona Comunidad de Madrid como la mejor en competitividad fiscal y sitúa a Cataluña como la peor del país. «Tiene uno de los sistemas más gravosos en términos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como bajas calificaciones en absolutamente todos los componentes del Índice», señalan en el informe para justificar su bajo puesto en la clasificación.
La alta carga fiscal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sido una de las primeras modificaciones que ha realizado el dirigente del PP en su llegada al gobierno valenciano. Recientemente, Mazón bonificó el 99% del impuesto de herencias y donaciones, con carácter retroactivo desde el 28 de mayo, con el fin de que los valencianos no tengan que pagar nunca más «dos veces por el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida», según apuntó Mazón.
La Comunidad baja competencia durante el mandato del PSOE
El informe revela que, entre 2017 y 2022, periodo en el que gobernó el equipo socialista, la Comunidad Valenciana bajó tres posiciones y empeoró su puntuación en 0,50 puntos. En concreto, la Comunidad cerró 2022 con 5.02 puntos y en la decimoctava posición, únicamente por delante de Cataluña.
En 2021, Puig emprendió una serie de reformas fiscales en la región que le hicieron perder dos posiciones en la clasificación del IACF. Concretamente, introdujo dos nuevos tramos en el Impuesto sobre la Renta, incrementado el tipo máximo hasta el 29,5% y, en el Impuesto sobre el Patrimonio, incrementó el tipo marginal máximo hasta el 3,5% y redujo el mínimo exento. Mazón prometió en campaña electoral una agresiva bajada del IRPF con reducción de tramos que no ha anunciado aún como presidente de la Generalitat.
Asimismo, creó un Impuesto propio sobre viviendas vacías, que grava las viviendas deshabitadas, como instrumento para incentivar la oferta de alquiler en el ámbito de aplicación del impuesto y garantizar la función social de la propiedad de una vivienda.
Recomendaciones para mejorar la competitividad fiscal
Desde la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation de Estados Unidos han lanzado cinco recomendaciones para mejorar la competitividad fiscal en la región capitaneada ahora por Mazón.
En primer lugar, instan a reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos y, especialmente, el máximo en 6,5 puntos con un tipo impositivo máximo del 23%, para alcanzar un tipo marginal máximo conjunto estatal y autonómico del 47,5%, parecido al de Alemania.
«La Comunidad Valenciana aplica un tipo marginal máximo del 54%, el más alto de Europa, únicamente superado por Austria (55%), Francia (55,4%) y Dinamarca (55,9%)», señalan en el informe.
También propone derogar la reforma de IRPF de 2021 y deflactar todos los años de forma automático el IRPF con la inflación. En este sentido, cabe recordar que la bajada del IRPF fue una de las promesas que hizo el presidente popular durante la campaña electoral; sin embargo, a pesar de que el informe lo sitúa como primera recomendación, todavía no la ha aplicado.
Actualmente, la Comunidad Valencia tiene el cuarto tipo impositivo del IRPF más alto de toda Europa, más elevado que el de países como Bélgica, Suecia, Finlandia, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza o Noruega, subraya el estudio.
En segundo lugar, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la recomendación era aplicar un mínimo exento de un millón de euros a los grupos I y II, así como eliminar los coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente. En lugar de esto, la actuación del gobierno valenciano ha sido aplicar una bonificación del 99% a los grupos I y II.
En tercer lugar, aconseja derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlos al 100%. Si no fuera posible, recomienda aumentar el mínimo exento de quinientos 500.000 euros a 700.000 euros y aplicar un tipo impositivo máximo del 2,5%.
En cuarto lugar, sugiere establecer el tipo de gravamen de AJD en el 0,5%-0,75% y bajar tres puntos el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) hasta el 7%.
Por último, también sugiere eliminar los impuestos propios valencianos. En estos, entran el canon de saneamiento, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente; sobre la eliminación, incineración, coincineración y revalorización energética de residuos; sobre viviendas vacías, entre otros impuestos propios que entrarán en vigor a finales de este año y el 1 de enero de 2025.