Más de 200 juristas, incluyendo a Baltasar Garzón y varios políticos, firman un manifiesto por la amnistía

Más de 200 juristas, muchos de ellos con cargos políticos, han unido sus voces en un manifiesto conjunto en apoyo a la amnistía y la restauración de la democracia en el contexto de la situación política en Cataluña.

Entre los firmantes destacan personalidades como el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, los diputados de Sumar, Jaume Asens y Enrique Santiago, el diputado de los ‘comunes’ Gerardo Pisarello, y el abogado del ‘procés’, Jaume Alonso-Cuevillas, quien previamente representó al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El manifiesto expresa el apoyo a la posibilidad de que «la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una ley de amnistía, con el objetivo de normalizar la situación política en Cataluña y mejorar las relaciones entre esta región y el Estado». Los firmantes resaltan que las amnistías, de acuerdo con el Derecho Internacional vigente, buscan fomentar «la reconciliación social y contribuir a la restauración de las relaciones normales en la vida de un país».

En el manifiesto se enfatiza que tanto en España como en otros países, como Francia, Italia, Suiza y Portugal, se han utilizado indultos, amnistías y figuras jurídicas equivalentes para resolver conflictos políticos de manera pacífica. Además, se subraya que «el único límite excluyente para la amnistía en el derecho de cualquier país civilizado son los crímenes internacionales, como el genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra».

Los firmantes del manifiesto también mencionan que «la Constitución española no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes». Argumentan que el Partido Popular (PP) aprobó un gran número de indultos en el pasado, y que la amnistía de delitos fiscales se ha utilizado repetidamente en la democracia española, «incluyendo durante gobiernos del PP en los años 1984, 1991 y 2012».

En su declaración, los firmantes también piden que cesen los intentos desestabilizadores y los ataques al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, permitiendo que los procesos parlamentarios y el control constitucional sean quienes decidan sin presiones ni injerencias sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad. También critican el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante los últimos 5 años y cuestionan el papel partidista de dicho órgano.