La Fiscalía contradice a Llarena y pide entregar a Puigdemont por desórdenes públicos
La Fiscalía también pide incluir en las órdenes de detención e ingreso en prisión por desórdenes públicos agravados a Toni Comín y Clara Ponsatí
El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. EFE/Julien Warnand
La Fiscalía ha discrepado de la tesis del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al considerar que la reforma penal que convirtió el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados permite atribuir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras la declaración ilegal de independencia de 2017, este último tipo penal, además del de malversación en su modalidad más grave.
El ministerio público ha recurrido el auto en el que el juez retiró el delito de sedición a Puigdemont y le procesó por desobediencia y malversación, y ha solicitado que incluya en las órdenes de detención e ingreso en prisión el delito de desórdenes públicos agravados para el expresidente de la Generalitat y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.
Los delitos de malversación en su modalidad más grave y desórdenes públicos agravados podrían comportar una pena máxima de 17 años de prisión.
Llarena dejó sin efecto las euroórdenes actuales por sedición pero ordena la busca y captura de Puigdemont así como de los exconsellers Comín y Luis Puig por malversación y desobediencia. Asimismo, pospuso la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial.
Desaparición del delito de sedición
La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y ERC que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación entró en vigor el pasado jueves, redefiniendo las conductas castigadas y dibujando un nuevo marco de penas que obligará a revisar cientos de casos en distintos juzgados y tribunales.
Además de Puigdemont, Comín y Puig, entre los directamente beneficiados por la eventual reforma se encuentran los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por malversación y sedición. Por ejemplo, Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.
A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.
