Llarena deja sin efecto la sedición pero pide búsqueda y captura para Puigdemont por malversación y desobediencia
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, deja sin efecto las euróordenes actuales por sedición pero ordena la búsqueda y captura por malversación y desobediencia
El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Tribunal Supremo la causa por el proceso de independencia de Cataluña, ha aplicado al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición. Sin embargo, ha mantenido su procesamiento por malversación y desobediencia.
A pesar de que el instructor deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición pero ordena la busca y captura de Puigdemont así como de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia. Pues, tal y como destaca en un auto, el magistrado considera que la derogación de la sedición plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados al no encajar en desórdenes públicos.
Además, pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial.
Desaparición del delito de sedición
La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y ERC que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación ha entrado en vigor este jueves, redefiniendo las conductas castigadas y dibujando un nuevo marco de penas que obligará a revisar cientos de casos en distintos juzgados y tribunales.
Además de Puigdemont, Comín y Puig, entre los directamente beneficiados por la eventual reforma se encuentran los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por malversación y sedición. Por ejemplo, Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.
A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.
