Ayuso recurrirá ante la Audiencia Nacional el impuesto a las grandes fortunas
Madrid es la comunidad que más paga por el impuesto a los ricos: ha aportado 555 millones de los 623,5 recaudados durante este año
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La Comunidad de Madrid no cesa su batalla contra impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas del Gobierno, ideado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación, en la que se estipula quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Angel García, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que ha asegurado que este tributo «viola» las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, y afecta mayoritariamente a los contribuyentes madrileños y andaluces.
En este sentido, cabe recordar que el Gobierno madrileño ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional el tributo por «invasión de competencias», al igual que hizo Andalucía con Juanma Moreno y Galicia.
Madrid, la comunidad más perjudicada con el impuesto a los ricos
La Agencia Tributaria ha anunciado que ha recaudado un total de 623,6 millones de euros durante el año 2023 a través del nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas. Estos datos provienen del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que también informó que de esta suma, 555 millones provienen de la Comunidad de Madrid.
De los 12.010 declarantes, la mayoría proviene de grandes patrimonios de Madrid, con 10.302 contribuyentes que han aportado 555 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra Andalucía, con 865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones, seguida de Galicia, con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones. En conjunto, estas tres comunidades representan más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.
Este impuesto, que ha entrado en vigor este año y se mantendrá hasta 2024, afecta a aquellos patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros que no pagan el Impuesto sobre el Patrimonio debido a las deducciones fiscales de sus comunidades autónomas.
