El plan de residuos nucleares de Ribera provoca dudas económicas en el sector

Los debates sobre energía nuclear se han vuelto recurrentes, más de lo habitual, desde que estalló la guerra de Ucrania y la dependencia energética, así como la crisis de precios, centraron todas las miradas. En este sentido, junto al calendario de cierre de las centrales, el otro gran asunto es la gestión de residuos. Una situación que genera fricción entre los planes del Gobierno y los actores afectados.

En concreto, el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha elaborado un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRD). Tiene dos grandes novedades. Por un lado, finalmente, se ha optado por el desarrollo de siete almacenes temporales hasta que, de forma definitiva, se construya un Almacén Geológico Profundo (AGP) que albergue los residuos de manera permanente.

Por otro, el Gobierno ha alertado de que habrá un sobrecoste de -como mínimo- 2.000 M€. En cuanto a la propia cifra, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes de la patronal nuclear, existe la discrepancia de que deban ser las empresas productoras las que se deben enfrentar a este coste cuando no es una decisión estratégica del sector.

Pero hay otro punto de fricción. Fuentes consultadas explican que esos 2.000 M€ son una simple quimera en realidad. Sitúan ese sobrecoste muy por encima de esa cifra. Y es que, la construcción de cero de algunos de estos emplazamientos provocaría un coste que no está calculado, pero que el sector lo sitúa bastante por encima.

Ahora la clave estará en saber hasta qué punto se eleva esa cifra y, en caso de que finalmente suponga algo inasumible, ver quién se hará cargo. Puesto que las empresas nucleares justifican que estarían dispuestas a pagar lo que estaba previsto en anteriores planes, pero que bajo el nuevo PGRD habría que valorar la situación.

Sobre el calendario de cierres y futuro

Por lo que respecta al otro gran tema, el calendario de cierres, en estos momentos parece más un juego político que realmente energético. Ante este panorama, el Partido Popular tiene sus propios planteamientos. Cree que el contexto geopolítico ha demostrado que la energía nuclear puede ser una herramienta perfecta para la deseada independencia energética. No obstante, los apoyos que está recibiendo el partido de Alberto Núñez Feijóo no son alentadores.

La oposición más frontal viene desde el propio Gobierno. En este sentido, ambas formaciones tienen visiones completamente distintas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha tomado la decisión de acallar por completo la energía nuclear. Todo ello, pese a ese 20% de generación eléctrica que produce, y sin la cual sería insostenible la crisis de precios.

Pero el Ejecutivo deja ciega la energía nuclear en cualquier tipo de foro o congreso. Y eso produce un efecto arrastre. Las organizaciones energéticas, más allá de las patronales renovables que lógicamente tienen su propio interés, también guardan silencio. A lo largo de 2022 no han surgido voces que devuelvan a la energía nuclear lo que esta otorga al sistema.

Bajo este contexto, los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la nuclear. En primer lugar cuando se presenté la ampliación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que sentará la nuevas bases de futuro y, dentro de ellas, lo que se espera de la nuclear.