Sepes: así es la promotora de vivienda social de Sánchez que allanó la expansión de Inditex en Galicia
Tras años enquistado en el debate político, en ocasiones afrontado con vehemencia, el problema del acceso a la vivienda ha desembocado en una cascada de medidas del Gobierno central que llegan en pleno curso electoral y más de 15 años después de que el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera cambiaran las reglas del mercado. Solo en el mes de abril se han anunciado 10.700 viviendas en Madrid en la llamada operación campamento, 50.000 inmuebles de la Sareb para alquiler social y otros 20.000 pisos a construir en territorios del Ministerio de Defensa. La apuesta por incrementar el parque público residencial se suma a la de limitar los precios del alquiler, que han subido sostenidamente desde los últimos años de la crisis financiera, a través de la nueva ley de vivienda.
En este plan juega un papel central el Sepes, una gestora de suelo público adscrita al Ministerio de Transportes con 60 años de trayectoria y 1.169 millones en activos. Sánchez señaló a la Entidad Pública Empresarial de Suelo para encargarse de comprar los suelos a Defensa y promover las obras de las 20.000 nuevas viviendas para alquileres de bajo precio. No es una encomienda nueva para el Sepes, dedicado sobre todo al suelo industrial en los últimos años, pero que el pasado octubre firmó un convenio con el departamento de Raquel Sánchez para comenzar a adquirir terrenos que permitan sumar 34.000 viviendas al alquiler social en 10 años con una inversión de 1.100 millones. Transportes aportó en un primer momento 361,6 millones, a los que se sumaron este abril otros 260 millones vinculados a la promoción de 10.700 viviendas en Madrid.
Un timonel que llegó de Gavá, como la ministra
Al frente del Sepes y sus nuevas inyecciones presupuestarias está un comité de dirección y un consejo de administración copado por cargos de los ministerios de Transportes y Hacienda. Entre la multitud, 15 cargos entre consejeros y directivos, sobresalen dos nombres.
El presidente es Francisco David Lucas Parrón, secretario de Estado de Transportes. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue alcalde de Móstoles, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y teniente alcalde de Getafe, entre otros cargos. Es el teórico enlace entre el consejo y el comité de dirección, el equipo que lleva el día a día del Sepes.
En la dirección general está Fidel Vázquez Alarcón, nombrado hace poco más de un año. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, fue el responsable de los servicios de urbanismo, vivienda, obras y medio ambiente en Gavá hasta 2021, coincidiendo en el ayuntamiento con la ministra Raquel Sánchez, alcaldesa entre 2014 y 2021.
Los números del Sepes
A cierre de 2021, el Sepes contaba con 1.169 millones en activos repartidos por todo el Estado, un patrimonio neto de 855 millones y un pasivo que superaba los 300 millones. Además de las transferencias a cargo de los presupuestos del Estado, la entidad percibe ingresos a través de subvenciones y fondos europeos Feder canalizados a través de convenios con comunidades o ayuntamientos. Lógicamente, también factura por la venta de parcelas y viviendas y, en menor medida, por arrendamientos y prestación de servicios.
Salvo unas promociones de vivienda pública que desarrolla en Ceuta y Melilla, la mayor parte de la cifra de negocio procede del traspaso de suelo industrial en 17 territorios. Estos fueron los ingresos de 2021:
El resultado del ejercicio fue positivo, con unas ganancias de 2,4 millones, frente a los números rojos de más de 11 millones del año 2020. El Sepes debía dinero en 2021 al Banco Santander, pues quedaban por amortizar 1,5 millones de un préstamo de 12,3 millones concedido en 2010 para la promoción de viviendas en Mieres. Se portó bien el banco de Ana Patricia Botín, que dio tres años de carencia y una amortización a 27 años, unas condiciones impropias de la crisis económica que se vivía entonces.
La deuda más relevante, sin embargo, era la del ICO, con créditos pendientes de devolver por valor de 85,5 millones.
La mano del Sepes en Galicia que estrechó Inditex
Aunque también desarrolla promociones por su cuenta, el grueso de la actividad del Sepes en Galicia la realiza a través de una filial, Suelo Empresarial del Atlántico, cuyos activos alcanzan los 91,3 millones. Al frente está la ex teniente de alcalde de Ferrol, la socialista Beatriz Sestayo, que tiene bajo su tutela 13 parques empresariales: A Laracha, A Pobra, Cee, Vilanova de Arousa, Muros, Vimianzo, Catoira, Malpica, Monforte, Rábade, Rianxo, Mondoñedo y Chantada.
Suelo Empresarial del Atlántico está participada por la Xunta, con cerca del 15% del capital, y Abanca, con un 14%. El resto está en manos del Sepes. Curiosamente, el otro gran tenedor de suelo industrial en la comunidad es Xestur, una gestora que Feijóo recogió con una importante deuda de la etapa del bipartito. PSOE y BNG habían diseñado un ambicioso plan de industrialización y vivienda para lo que adquirieron suelo, pero lo echó por tierra la derrota electoral y la crisis económica. Abanca acabaría comprando la deuda que el actual presidente del PP no logró finiquitar hasta 2020. En todo ese periodo y todavía ahora, Xestur registró pérdidas.
El escenario de la filial del Sepes es distinto. Ha terminado en verde sus ejercicios desde, al menos, 2017, año en el que acordó con Inditex la venta de 218.000 metros cuadrados en el parque empresarial de A Laracha. La multinacional de Amancio Ortega pagó 12 millones para reforzar su logística en Galicia y escogió el polígono de Suelo Empresarial del Atlántico en lugar del que promovía Xestur en Morás, también próximo a la sede de la compañía que preside Marta Ortega.
