Monbus y Alsa prolongan su alianza en medio de la investigación por cártel
Monbus, el principal operador de transporte por carretera de Galicia, y Alsa vuelven a presentarse unidas a un concurso después de que se abriera la investigación por posible cártel en uno de los grandes contratos que adjudica la Xunta, el transporte regular de viajeros por carretera. La compañía que dirige Raúl López y la filial de Mobico Group (antigua National Express) competirán por el servicio de autobuses nocturno y diurno del Barcelonés Nord, una licitación presupuestada en casi 1.000 millones por el Área Metropolitana de Barcelona y que constituye el mayor contrato de transporte de viajeros en el territorio.
El concurso fue suspendido en dos ocasiones, la última hace solo unos meses, por el tribunal de contratos catalán (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic) a raíz de los recursos presentados por los sindicatos CCOO y UGT, por la empresa Tusgsal y por la patronal del transporte Fecav, que alegaron contra los pliegos, entre otros motivos, porque el 95% de la puntuación corresponda a criterios de evaluación automática. En la reactivación de la licitación, las empresas que optan a adjudicarse el servicio son la propia Tusgsal, actual prestataria; el grupo Avanza, que pertenece al holding mexicano ADO; y la UTE conformada por Alsa y Monbus, según avanzó Expansión.
La investigación a Alsa y Monbus
El marzo pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó investigar a las dos empresas por indicios de reparto de mercado en la segunda fase del Plan de Transporte Público de Galicia, concurso en el que se presentaron a cinco de las 29 líneas que repartió la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Se daba la circunstancia de que concurrieron juntas a las de mayor valor y no compitieron entre sí en ninguna de las otras.
Antes de la intervención de la Justicia, tanto la mesa de contratación como la Comisión Galega da Competencia descartaron que hubiera indicios de cártel. Sin embargo, el TSXG ordenó a Competencia abrir un expediente sancionador e investigar la actuación de las dos empresas ante los indicios de prácticas colusorias. De hecho, reprochaba a la entidad presidida por Ignacio López-Chaves, exdelegado de la Xunta en Vigo, haber cerrado el proceso sin siquiera hacer una investigación en condiciones.
