Monbus se hizo con el 40% de las líneas de autobuses de la Xunta antes de la investigación por cártel

El Consello de Contas ha hecho público un informe que analiza el servicio de transporte de viajeros por carretera y los dos concursos que puso en marcha la Xunta entre 2019 y 2020 para adjudicar los servicios diseñados en el Plan de Transporte de Galicia. La fiscalización de Contas comprende, por tanto, las licitaciones de la Consellería de Mobilidade para entregar 127 lotes a empresas de autobuses, un proceso que derivó en la investigación a Monbus y Alsa por un presunto cártel para repartirse líneas. La Comisión Galega da Competencia se vio obligada a abrir un expediente sancionador a los dos grupos por orden del Tribunal Superior de Xustiza, después de que la propia entidad archivara la misma denuncia y el tribunal administrativo Tacgal rechazara también la cascada de recursos presentados por empresas competidoras y sindicatos, principalmente contra la compañía de Raúl López.

El turbulento contexto no pasa desapercibido ni en la estructura del informe de Contas ni, sobre todo, en las más de 100 páginas de alegaciones que presentó la Xunta. El departamento que dirige Ethel Vázquez dedica una parte de ellas a defender el diseño de los concursos y la elevada presencia de pymes en la adjudicación de las líneas. También reprocha al organismo fiscalizador que pretenda dar a entender que existe un «monopolio» de Monbus cuando no se corresponde con la realidad, llegando incluso a cuestionar si la entidad ha desbordado el ámbito de análisis del propio estudio al incluir determinados contenidos sobre la compañía lucense.

Aunque Contas no ve fundamento en tales acusaciones, el documento sí que incorpora una lista de las adjudicaciones de Monbus, que deja clara la hegemonía del grupo en el transporte por carretera de Galicia. Según los datos del organismo fiscalizador, la compañía de Raúl López está presente en 51 de las 127 concesiones otorgadas por la Xunta, habiendo conseguido 39 adjudicaciones en el primer concurso y 12 en la segunda fase. La participación en cada una, al concurrir en UTEs, es desigual. En 32 de ellas ostenta la participación mayoritaria de la alianza, en otra fue al 50% con Autocares Rías Baixas, y en el resto tiene una participación minoritaria dentro de la UTE.

Monbus se lleva el 40% del concurso

El volumen de contratos adjudicados a Monbus o a agrupaciones de empresas de las que formaba parte equivalen al 40% de las líneas repartidas en los concursos. El de 2019 se dividía en 100 lotes y tenía un presupuesto de 496 millones, mientras que la segunda fase sumaba otros 17 lotes con un presupuesto de licitación de 237,4 millones. Los servicios se adjudicaron por 10 años.

«Para fomentar una mayor participación de las pymes y evitar concentraciones en grupos empresariales con participación dominante, se recomienda valorar la incorporación de mayores exigencias en las condiciones de participación de las UTEs en los procesos de licitación. En este sentido, resulta esencial, para verificar la compatibilidad de las UTEs con el derecho de competencia, el análisis de la necesidad objetiva de su constitución», recomienda Contas en su informe. Un argumento similar fue utilizado en las denuncias contra Monbus y Alsa, al entender que dos grupos de ese tamaño no tienen necesidad de concurrir en alianza, pues tienen medios suficientes para cubrir ellos solos las líneas.

Monbus se aseguró 36 millones al año

En el escrito de alegaciones, firmado por el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, el departamento de Ethel Vázquez pone números a las adjudicaciones de Monbus para el transporte de viajeros por carretera. Señala que el grupo lucense logró contratos por valor de 36,1 millones al año, lo que supone aproximadamente la tercera parte de los 109 millones de volumen de negocio total del Plan de Transporte. Dice esto para defender que no hay una situación de monopolio en el sector, pues entiende que Contas insinúa eso. «A pesar del énfasis que hace el informe en tratar de demostrar que Transmonbus (el holding de cabecera de la compañía) logró una situación de monopolio en el sector, lo cierto es que, de los 109 millones de euros de previsible volumen de negocio anual (contabilizando recaudación más aportaciones públicas), ese grupo empresarial resultó adjudicatario de 36,1 millones», dice el documento de alegaciones de la Xunta.

La Xunta también hace una encendida defensa de que, al contrario de lo que supondría una situación monopolística o de oligopolio, el diseño de la licitación facilitó la participación de pymes en el concurso, hasta el punto de que 150 se presentaron al proceso y 124 resultaron adjudicatarias de alguna concesión. «Las pymes resultaron adjudicatarias de un volumen de negocio anual de 50,2 millones, mientras que los grandes grupos empresariales (Transmonbus, Arriva, Alsa Vectalia o Transdev) resultaron adjudicatarias de contratos con un volumen de negocio de 59 millones», dice.