Actualizado
Comentarios
Sin categoría
El Supremo tumba los recursos de Monbus y Alsa y ratifica que sí hubo reparto de mercado
Comentarios
Golpe en forma de sentencia a las dos principales operadoras de transporte de viajeros por carretera en Galicia. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que interpusieron la Xunta, Alsa y Monbus contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictaminó que hubo reparto del mercado.
El fallo del Supremo, que adelanta el diario digital Praza, es de fecha del pasado día 4 de octubre y lo firma la sala de lo contencioso-administrativo. Contra este auto, además, no cabe recurso alguno.
Petición de sanción a Competencia
En su sentencia, el TSXG ordenaba al órgano gallego de Competencia a incoar un procedimiento sancionador contra estas dos empresas de transporte de viajeros por carretera.
Por un lado, la Xunta denunciaba infracción de un artículo legal por supuesta falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pero los magistrados del Supremo consideran que «la cuestión planteada carece de interés casacional objetivo, pues es abundante la jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante y el interés legítimo, evidenciándose una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias concurrentes realizada por la sala de instancia».
En cuanto a los escritos de Alsa y Monbus, el tribunal señala que se acordó el archivo del expediente sin comprobar los hechos denunciados, «existiendo indicios racionales de infracción». Por ello, dice, «la hipotética consideración de que no fueran conformes a derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida en este particular aspecto no se traduciría en el éxito de la pretensión estimatoria en casación».
Repercusión política
Por su parte, el BNG pide la comparecencia de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tras conocer la sentencia firme, y acusa a la Xunta de «connivencia» y «trato de favor».
El diputado nacionalista Paulo Ríos exige «explicaciones» a la conselleira y denuncia el «reparto ilegal» del mercado del transporte público.
