Los accionistas de Celsa, con planta en A Laracha, alertan: «Los fondos buscan el expolio de la compañía»

Los accionistas de Celsa, siderúrgica con una de sus plantas en el concello coruñés de A Laracha, defiende que los fondos acreedores del grupo “buscan el expolio” de la empresa y apuntan que el plan de reestructuración que proponen genera “graves incertidumbres que pueden provocar el colapso de la compañía en muy poco plazo”, incluso en “semanas”. 

Así lo ha señalado el representante legal de Celsa, el abogado Jaime Cano, en las conclusiones del juicio que se celebra en el juzgado mercantil número 2 de Barcelona, donde ha rechazado que se rechace la homologación del plan de reestructuración presentado por los fondos acreedores. 

Después de que la semana pasada ambas partes expusieran sus argumentos y esgrimieran informes periciales para acreditar sus posturas, este martes el juicio que debe dirimir si Celsa sigue en manos de la familia Rubiralta o si pasa a manos de un grupo de fondos acreedores ha llegado a su sesión final.

Cano ha asegurado que correspondía demostrar a los fondos que se cumplían las condiciones legales para que un juez valide su plan de reestructuración, y que no lo han logrado.

«Este plan de los acreedores tiene más posibilidades de provocar el concurso del grupo a corto plazo que de evitar un concurso que no se puede producir salvo que los (fondos) solicitantes se empeñen en conseguirlo», ha opinado Cano, que ha advertido de que hay un «peligro grave y concreto de desaparición» de Celsa si los fondos controlan la compañía.

Desmontar los argumentos de los fondos

El representante ha tratado de desmontar los argumentos de los fondos, como la acusación de insolvencia, que ha negado de forma tajante, incluso ha añadido que ha quedado acreditado que el grupo es “perfectamente solvente”. 

Aunque ha admitido que Celsa tiene impagos con los acreedores por unos 2.433 millones -sumando 1.270 millones del llamado instrumento convertible y 1.163 de la deuda ‘jumbo’-, ha subrayado que al margen de esta deuda vencida, que enfrenta a los fondos y a Celsa en otro procedimiento judicial, Celsa «puede pagar a sus acreedores con absoluta normalidad».

«El grupo no sólo ha venido pagando a todo el mundo, sino que obtuvo unos resultados históricos en 2022 -con un ebitda o beneficio bruto de explotación de 404 millones-«, ha asegurado el abogado.

Cano ha acusado a los fondos de aferrarse a ese impago, atribuible al estallido de la pandemia y que está pendiente de juicio, para «mantener a la compañía en una situación de ‘default’ -impago- formal» y aprovechar la entrada en vigor de la reforma de la ley concursal para intentar hacerse con el 100 % de Celsa capitalizando su deuda.

«Para que exista insolvencia no basta con una situación temporal, con el impago de algunas obligaciones, sino que debe haber imposibilidad de pago regular», ha argumentado.

El representante legal de Celsa ha remarcado que a los fondos «no les interesa» un acuerdo con la compañía, porque ni siquiera dieron una respuesta a la oferta que ésta les formuló en abril de 2022. «Si resultase que Celsa debe pagar toda la deuda convertible y la jumbo, tienen medios para hacerlo en muy corto plazo si los acreedores dejan de impedírselo», ha dicho en alusión al conflicto judicial respecto a estos impagos, un importe que Celsa entiende que no es exigible. «Por qué razón iba a obtener Celsa suministros a crédito por 500 millones de euros de sus proveedores si no fuera solvente», se ha preguntado.

Expropiación de la compañía

El abogado ha asegurado que el plan de reestructuración presentado por los fondos «transgrede gravemente el ordenamiento jurídico» y que busca «llevar a cabo una expropiación de la compañía y la expulsión de los accionistas del grupo en una magnífica operación financiera» para los fondos. Por el contrario, Cano ha asegurado que el plan esconde «graves incertidumbres» provocadas por este cambio en el accionariado.

En esta línea, se ha preguntado cuál sería la reacción de los proveedores al ver la gestión en manos de un grupo de «fondos oportunistas», qué pasaría si otros acreedores oportunistas de filiales de Celsa exigieran la amortización íntegra y anticipada de su financiación o bien qué les hace pensar a los acreedores que el Gobierno avalaría el cambio de control accionarial de una empresa «estratégica» como Celsa.

En conclusión, el abogado ha asegurado que el plan de estos «fondos oportunistas» consiste en convertir deuda por unos 1.270 millones de euros en capital tras haber invertido apenas unos 200 millones en adquirir ese pasivo, al haberlo comprado con fuertes descuentos.

Con esta deuda convertible en su poder, el abogado ha alertado de que los fondos pretenden hacerse con el 100 % de unas acciones valoradas en al menos unos 4.000 millones y ha añadido que si el valor de la compañía fuera superior a los 6.000 millones, tal como sostiene un informe de Lazard, los acreedores tendrían derecho a recibir como mucho un 31 % del grupo.

En esta línea, ha vuelto a insistir en que la valoración del grupo, que ha cifrado al menos en 4.000 millones en el escenario pesimista, «supera el importe de la deuda financiera en unos 600 millones», ya que ha estimado el importe del total de la deuda financiera en unos 3.433 millones.

«Estaban esperando la entrada en vigor de la reforma de la ley concursal para hacerse con el 100 % de la propiedad el grupo sin tener que pagar ningún peaje», ha asegurado Cano, que ha opinado que esgrimir la solicitud de ayuda a la SEPI -de 550 millones- como prueba de la insolvencia del grupo es un «disparate».