Incertidumbre en A Laracha: Celsa augura el «desastre» si los fondos toman el control de la compañía
Celsa y los fondos acreedores han escenificado ante el juez el enfrentamiento interno en la compañía que provocará que su futuro se decida en los juzgados. Los fondos pugnan por hacerse con el control del grupo, que cuenta con una planta en A Laracha, mientras la cúpula defiende que el plan presentado por los acreedores no garantiza la continuidad del negocio. Así lo expresó el vicepresidente del consejo de administración, Francesc Mesegué, en la primera jornada del juicio de oposición a la homologación del plan de reestructuración de la empresa que se celebra en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona.
Mesegué ha asegurado que la reestructuración «sumiría a la empresa en una incertidumbre que puede llevar al desastre«, ya que, según él, la intención de los fondos es vender activos cuando puedan. «Trabajar con los fondos da miedo», ha asegurado en referencia al riesgo que los proveedores dan a Celsa actualmente, lo que puede, en palabras del directivo, quebrar la confianza entre ambas partes.
La factoría de Celsa en Galicia, dependiente de la filial Celsa Atlantic, emplea a unos 140 trabajadores. Nació del impulso del empresario Manuel Añón, que la vendió, junto a otras plantas, a la familia Rubiralta. El futuro de las instalaciones parecía más claro después de conseguir 550 millones del fondo de rescate de la SEPI, pero la pérdida de confianza de los principales acreedores con la cúpula del grupo ha devuelto la incertidumbre sobre el futuro.
En el juicio, el consejero independiente de Barna Steel Xavier Puyol ha afirmado que el plan de reestructuración presentado «es perjudicial para Celsa», ya que se trata de un plan financiero y no de negocio. «La propuesta de los fondos es económica y va en contra de la visión de la Celsa actual, que trabaja con una visión transformadora en un plan a diez años», ha dicho. Apuntó además que la propuesta de los fondos no menciona cual es el plan a largo plazo y lamentó que «los acreedores no conocen el plan de negocio, no han tenido ningún interés». Lo mismo dijo del auditor externo, pues asegura que no ha preguntado nada.
Celsa señala a los fondos
Una de las cuestiones que ha centrado las diferentes testificales ha sido la negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para que la empresa recibiera una ayuda de 550 millones de euros, que está congelada por la falta de acuerdo con los acreedores. Tanto el director financiero de Celsa, Javier Echevarri, como el director financiero de Celsa España, Xavier Puig, han asegurado que el equipo negociador recibía las directrices del consejo de administración de la empresa y no de la familia Rubiralta, los propietarios de la empresa.
Echevarri ha explicado que, tras acordar la ayuda, la empresa entendió que era «posible renegociar con los fondos sin entrar en el capital». Sin embargo, explicó, los acreedores de los créditos jumbo y reconvertible no respondieron dentro del plazo otorgado por SEPI para aceptar la ayuda. La empresa realizó en abril una oferta con un pago de 450 millones de euros en efectivo, la reestructuración de 662 millones de euros con deuda sénior y un nuevo instrumento de deuda adicional de 450 millones.
Puig ha defendido que Celsa no ha pagado su deuda con los acreedores desde 2020 «no por no querer» y ha recordado que esta última oferta era de casi 2.000 millones de euros. «Hemos ofrecido compensar la totalidad de la deuda«, ha asegurado, y ha subrayado que Celsa está al día de todos los pagos con trabajadores, administraciones y proveedores.
Los fondos quieren relevar a la cúpula
Los representantes de los diferentes fondos que han testificado este lunes han explicado que hubo una pérdida progresiva de confianza con los actuales accionistas de Celsa durante las negociaciones, lo que llevó al actual punto de querer convertir la deuda en acciones para poder hacerse con el control. También han coincidido en señalar que su voluntad es crear un consejo de administración independiente y han señalado que hay un nuevo plan financiero y que el plan industrial no cambiaría.
El representante de SVP Global, Álvaro Fabián, ha asegurado que el fondo siguió comprando deuda de Celsa a pesar de los impagos porque «era una buena inversión financiera». Ha asegurado que en caso de llevarse a cabo la reestructuración, el fondo no tiene intención de vender sus acciones «aunque podría».
El representante de Deutsche Bank, Gavin Colguhoun, por su parte, ha apuntado que el plan de reestructuración «refleja fielmente» los derechos de crédito actuales. Por su parte, Dylan Scymansky, de Sculptor Investment, ha defendido que el plan deja claro que «no hay ninguna transformación industrial».
El portavoz de Anchorage Investment, Lauren David, ha insistido en que la prioridad de la reestructuración es constituir un nuevo consejo de administración de Celsa.
