La vivienda en el debate del estado de la autonomía

Después de los tres pilares básicos de cualquier sociedad, la justicia, la educación y la salud, la vivienda y el empleo son los siguientes soportes que dignifican a cualquier persona. Y en esta columna de opinión me voy centrar en la vivienda en Galicia y en sus diversas propuestas, por parte de las diferentes formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego.

Empiezo por el modelo de política de vivienda del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, enfatizando en su anuncio de bajada de impuestos para la vivienda usada. Una noticia positiva que dejara el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en un 8%. Como también es positivo la planificación de poner en el mercado 1.900 viviendas publicas en arrendamiento, con su próxima construcción, que se verá reforzada por más de 3.000 viviendas de VPA puestas en el mercado por el sector privado con una inversión de más de 200 millones de euros.

Todo ello, acompañado de la entrada en vigor, este mismo 16 de octubre, del decreto de flexibilización de la normativa de la reconversión de bajos vacíos en viviendas. Esta flexibilización para convertir bajos comerciales en viviendas permitirá aumentar la oferta residencial y bajar los precios de los alquileres. Eso sí, va a depender de la agilidad administrativa y burocrática de los ayuntamientos que esta medida tenga el retorno esperado, ya que los tiempos de espera de una licencia municipal siguen siendo aberrantes, con un tiempo medio de 12 meses para su concesión en el conjunto de los 313 ayuntamientos de Galicia.

Que se mantengan las bonificaciones de un 6% para la adquisición de vivienda en municipios poco poblados, que serían de un 5% para las rentas bajas, y de un 3% para familias numerosas, menores de 36 años o personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, es seguir una senda coherente en materia de vivienda. Como lo es también mantener los bonos de alquiler para jóvenes y prolongar también las ayudas de hasta 20.000 euros para adquisición de vivienda protegida. O los 15.000 euros para compra de un inmueble en casco histórico para su rehabilitación. Y quiero destacar una de las líneas que más he apoyado y defendido en estos últimos tiempos; los avales del 20% para que nuestros jóvenes puedan afrontar el desembolso que supone la entrada por ese porcentaje que las entidades bancarias no financian.

En definitiva, el presidente de la Xunta ha esbozado sus líneas de actuación, las cuales deberían ser un plan de choque a corto y medio plazo. Aunque queda pendiente el interrogante de cómo conseguir movilizar las más de 506.000 viviendas vacías que tenemos en Galicia.

Decir que los modelos planteados por el BNG y el PSdeG son similares. Los primeros abogan por la movilización de la vivienda vacía, y concuerdo, pero no en la forma, que sería penalizando al propietario sin darle seguridad jurídica. Así no. Con el PSdeG, que quiere más viviendas de protección oficial, también concuerdo, pero antes que modifiquen o supriman la fallida Ley de Vivienda actual. Y recordándoles a ambas formaciones políticas que la intervención del mercado de la vivienda nunca va ser la solución de nada, todo lo contrario.

Esta Ley de Vivienda es un ataque frontal a la propiedad privada. Y espero de la Xunta de Galicia, al invadir claramente las competencias de nuestra comunidad autónoma, la recurra, por su más que posible inconstitucionalidad.

La nueva ley reduce las condiciones a cumplir para que una comunidad autónoma o ayuntamiento declare zonas de mercado tensionado de alquiler, el IPC dejará de ser el índice de referencia en los contratos de alquiler y rebaja a cinco viviendas, ya sea persona física o jurídica, la definición de gran propietario en zonas tensionadas. Este año seguirá el tope del 2% en la renovación de contratos, subirá al 3% en 2024, y se creará un nuevo índice de alquiler que nunca será superior al IPC a partir de 2025.

Los propietarios ya están retirando sus viviendas del circuito de comercialización en alquiler para evitar la intervención, por lo que muchas viviendas se podrían derivar directamente a la venta o al circuito del alquiler turístico, alquiler por temporadas, o alquiler por habitaciones.
Intervenir el libre mercado de la vivienda y topar los precios únicamente derivará en que descienda la oferta y aumenten los precios, así de cristalino.

La reciente aprobación de la Ley de Vivienda estatal, tal como esta redactada, únicamente ha creado mas inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación. A la vez que aumenta considerablemente el galimatías normativo en materia de vivienda, y por supuesto, es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. Y preguntaría: ¿en base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? ¿Qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? La vivienda no es un mercado Persa, por mucho que se empeñe el actual gobierno en funciones de tratarlo como tal.

Esta ley invade claramente las competencias de la comunidad autónoma de Galicia, y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. De hecho, varias comunidades autónomas ya han recurrido. Y no solo eso, sino que su aplicación seria compleja y rocambolesca, ya que, para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y Autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacias tal como propone el Ejecutivo.Y por supuesto también se tendría que  modificar la ley de Haciendas locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica, y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva.

En conclusión, preocupación e incertidumbre. Así se podría sintetizar el nuevo despropósito de esta nueva Ley de Vivienda, difícil de comprender, ya que, todo ello significa una intervención de facto del mercado de la vivienda cuestionando incluso la propiedad privada y la libertad de empresa. También esta ley sería, a mi entender, anti-constitucional, al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución.

En este punto quiero dejar claro que la aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las autonomías, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. Añadir que no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios. Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. Espero de las nuevas legislaciones al respecto que vayan hacia una tendencia más flexible y más liberalizadora.

En nuestro sistema jurídico la ley del suelo es nuestra ley de vivienda porque el artículo 47 de la Constitución empodera a las administraciones públicas a salvaguardar el derecho de la vivienda de todos los ciudadanos actuando sobre el suelo. Luego, la ley del suelo es la que determina todo tipo de reservas y cesiones necesarias para destinar un suelo a vivienda asequible, y precisamente eso es de lo que carecemos. En definitiva, precisamos normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, y, sobre todo dos palabras clave: seguridad jurídica.