La Abogacía del Estado cree que Greenalia planeó un “mega-parque eólico de 750 MW” en aguas gallegas
Los movimientos de Greenalia para estudiar proyectos de eólica marina frente a la costa de Cedeira tienen su epílogo en los tribunales. Y fue por iniciativa de la propia empresa, que defendió por la vía del contencioso los permisos administrativos para una quincena de parques offshore de 50 megavatios ubicados en aguas gallegas. La compañía de renovables defiende que, a pesar de comenzar a tramitar las autorizaciones administrativas iniciales, nunca consolidó un proyecto para desarrollar estas instalaciones, como sí hizo en Canarias, donde desarrolla cinco parques de 50 megavatios cada uno. Sin embargo, sí que recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las negativas del Ministerio de Transición Ecológica a conceder las autorizaciones.
Entre 2021 y 2022, el grupo que dirige Manuel García Pardo presentó numerosos recursos contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y del Ministerio para la Transición Ecológica que rechazaban la solicitud de autorización administrativa previa de estos parques. La Abogacía del Estado cifró en 16 los procedimientos abiertos en la Sala de lo Contencioso por Greenalia, todos con idéntico planteamiento y resultado. Los magistrados ratificaron las resoluciones del Ministerio para la Transición Ecológica y denegaron los permisos a la empresa en base a dos motivos: carecía de la documentación que acreditara haber depositado la garantía económica para los proyectos y, aunque subsanase este error, no podría culminar la tramitación con la obtención del permiso de conexión en el plazo legal.
Greenalia solicitó autorizaciones para 750 MW
El escrito de la Abogacía del Estado para oponerse a la concesión de las autorizaciones pone cifras a los movimientos de Greenalia en aguas de Cedeira. Señala que todas las solicitudes de autorización administrativa previa de Greenalia Wind Power padecían del mismo defecto: la ausencia de acreditación de haber constituido la garantía exigida. «Que sepamos hasta ahora», dice el abogado del Estado, hay «16 recursos contecioso-administrativos tramitándose en esta sala».
«Dado que cada una de las autorizaciones solicitadas lo era para un parque eólico de 50MW de potencia instalada en la misma zona, esto significa que la mercantil matriz de la recurrente pretendería promover en el mar territorial de Galicia y en el término municipal de Cedeira (A Coruña) un mega-parque eólico de 750 MW de potencia instalada; lo que desde el punto de vista de la garantía que debería haber constituido equivaldría a 30 millones de euros (40 euros/kW instalado)», señala.
Entre los parques para los que se pidió autorización administrativa previa estarían los llamados Cordobelas, As Lagoas, San Isidro, Regoa, Punta Candieira, Piñeiro, Cervo, Cedeira, Punta Vilas, San Román o Esteiro, entre otros.
Fragmentación del proyecto
La Abogacía del Estado interpreta que Greenalia fragmentó de manera artificial en parques de 50 megavatios un proyecto más amplio. Según explica en su escrito, el régimen jurídico de autorización administrativa que aplicaría a la autorización de parques de potencia inferior o igual a los 50 megavatios (Real Decreto 1955/2000) es menos exigente que el de instalaciones de mayor tamaño y que requerirían una concesión administrativa en dominio público.
«Esta, presumiblemente, es la razón por la que la entidad matriz de la mercantil recurrente optó por solicitar
varias autorizaciones administrativas previas para distintos parques eólicos de 50MW cada uno, ubicados
todos ellos en la misma zona del mar territorial de Galicia y en el término municipal de Cedeira (A Coruña):
eludir el requisito de la concesión administrativa», dice el abogado del Estado, que recuerda que «trocear un parque eólico marino de más de 50 MW en varios parques para eludir la regulación aplicable» supone «un fraude».
Los planes de Greenalia
Greenalia solicitó las autorizaciones poco antes del cambio normativo que introdujo el Gobierno en 2020 (decreto ley 23/2020), cuando se produce también la moratoria a la concesión de permisos de acceso de nuevos proyectos renovables. La compañía defiende que hicieron estudios en la zona sobre la viabilidad de instalar allí parques y que solicitaron alguna autorización administrativa previa antes de la entrada en vigor de la actual normativa. Sin embargo, señalan que nunca se llegó a pasar de esa fase ni a diseñar un proyecto de eólica marina para Galicia, motivo por el que esos megavatios nunca se incluyeron en el pipeline del grupo.
