Greenalia se queda sin permisos para seis parques de eólica marina en Galicia

Antes de que proliferaran los grandes proyectos de eólica offshore frente a la costa gallega, con compañías tan relevantes como Iberdrola, Ferrovial o Cobra interesándose en la instalación de megavatios, Greenalia ya había planteado la instalación de molinos en aguas de Galicia. Lo hizo a su manera. Realizó estudios de la zona que percibía con mayor potencial, junto la costa de Cedeira, en A Coruña, y solicitó varias autorizaciones administrativas previas frente al Ministerio para la Transición Ecológica.

Las solicitudes fueron para parques pequeños, de 50 megavatios cada uno, un modelo alejado similar al que sigue el grupo de renovables en Canarias, donde está tramitando cinco instalaciones de esa misma potencia. Todos los complejos se ubicaban frente a Cedeira y uno tras otro fueron rechazados por la Dirección General de Política Energética y Minas, que denegó los permisos solicitados por Greenalia.

Al menos seis de estos parques, aunque hay más, fueron también rechazados en los tribunales, que desestimaron los recursos presentados por la compañía que dirige Manuel García Pardo y ratificaron la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata de los parques denominados Cordobelas, As Lagoas, San Isidro, Regoa, Punta Candieira y Piñeiro.

Seis contenciosos perdidos

Para todos ellos, Greenalia creó una filial específica con domicilio en la Plaza de María Pita de A Coruña, sede del grupo: Greenalia Wind Power Cordobelas, Greenalia Wind Power… y así sucesivamente. Cada una solicitó la autorización administrativa previa y acabó recurriendo sin éxito en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al serle denegada. Entre diciembre y marzo de este año, los magistrados rechazaron los seis contenciosos planteados por Greenalia, que ya había presentado un recurso de alzada, también sin éxito, ante el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

A pesar de este periplo, en la empresa restan importancia al traspiés judicial. Explican que hicieron estudios en la zona sobre la viabilidad de instalar allí parques y que solicitaron la autorización administrativa previa antes de la entrada en vigor de la actual normativa. Sin embargo, señalan que nunca se llegó a pasar de esa fase ni a plantear un proyecto como en Canarias, motivo por el cual esos parques tampoco se contabilizaron en el pipeline en ningún momento. Fuentes de Greenalia apuntan que no tienen actualmente ningún proyecto de eólica marina en Galicia sobre la mesa.

En eólica offshore cuenta con cinco parques en desarrollo en Las Palmas de 50 megavatios cada uno, es decir, un total de 250 megavatios. Se denominan Guanche, Cardón, Mojo, Dunas y Gofio. Este último es el más avanzado, ya que obtuvo varios permisos, entre ellos,  la autorización de servidumbre aeronáutica de Aesa. Greenalia prevé que sea su primer complejo en funcionamiento.

Cambio de reglas en plena pandemia

Respecto a los gallegos, el grupo de renovables solicitó las autorizaciones administrativas en 2020, en plena pandemia y antes de la entrada en vigor del decreto ley 23/2020, que fijó una moratoria en la concesión de permisos de acceso y propició un endurecimiento de las condiciones para obtenerlos. El Gobierno pretendía asegurar que «estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente». En la práctica, exige más hitos, una mayor madurez de los proyectos, para evitar la especulación. La petición de Greenalia se quedó entre dos normativas.

La nueva estableció que podrían continuar tramitándose, a pesar de la moratoria, aquellos proyectos que previamente a la entrada en vigor del decreto-ley «hayan remitido a la administración competente para la tramitación de las autorizaciones el resguardo acreditativo de haber depositado las garantías económicas para la tramitación de los permisos de acceso».

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que Greenalia no contaba con el depósito de la garantía o la documentación acreditativa del mismo. Aunque esto pudiera subsanarse, como señaló la compañía, la Sala de lo Contencioso insistió en que no serviría de nada, ya que no podría emitirse en los tres meses de plazo legal el permiso de acceso a la red por parte de Red Eléctrica. «El interesado no podría obtener la autorización (administrativa) en tres meses y no podía obtener permiso de acceso, puesto que no se admiten nuevas solicitudes, cabiendo solo las que hubieran depositado la garantía con el resguardo correspondiente; teniendo como consecuencia el transcurso de los tres meses desde su solicitud el entender desestimada la petición», dice una de las sentencias.