Boom eólico en Galicia: un 60% más de potencia si salen adelante todos los parques
El Diario Oficial de Galicia publicaba el pasado viernes una quincena más de declaraciones ambientales de parques eólicos. La Consellería de Medio Ambiente trabaja a ritmo acelerado para tramitar 140 proyectos y evitar la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red otorgados por Red Eléctrica, lo que se sucederá este miércoles 25 de enero. La negativa del Gobierno a ampliar un plazo que ya fue prorrogado anteriormente abocó a una sobrecarga de trabajo a la Xunta, donde ya han dado a entender que no podrán tramitar todos los parques a tiempo a pesar de haber elevado su plantilla en 120 trabajadores para atender las solicitudes, según aseguró Alfonso Rueda.
Los últimos datos disponibles, del pasado viernes, muestran la siguiente situación: se ha emitido la declaración de impacto ambiental de 92 parques de los 140. De estos, 66 proyectos han recibido una opinión favorable, mientras que en 26 casos ha sido negativa, por lo que decaen automáticamente. Los 48 restantes, a la espera de resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, sumarían un máximo de 2.300 megavatios, ya que se trata de parques de menos de 50 megavatios. La patronal eólica gallega cifró también en 2.300 el número de megavatios que quedarían sin conexión de no contar con los trámites ambientales antes de este viernes, pero refiriéndose a todos los que estaban pendientes a finales del año pasado.
A pesar de no ser los proyectos más grandes y de que, previsiblemente, no todos recibirán una evaluación favorable –ya hay 26 rechazados–, el acelerón en las tramitaciones de este arranque de año hará que Galicia dé un salto significativo en cuanto a la potencia eólica lista para instalar. Actualmente, en la comunidad hay 3.885 megavatios en operación, según los últimos datos de la Xunta. De sumarle 2.300 más situaría a la comunidad por encima de los 6.000 megavatios, concretamente, en los 6.185, una cota que solo alcanza Castilla y León en el conjunto de España.
La puesta en funcionamiento de estos parques por parte de sus promotores haría que la potencia instalada en Galicia se elevase en un 59% respecto a la actual, incluso sin contar los grandes parques eólicos vinculados a proyectos industriales como los de Alcoa, Showa Denko y Sentury Tire, que suman otros 1.137 megavatios.
Riesgo de demandas
Las urgencias administrativas de este arranque de año contrastan con la dinámica pasada de un sector que estuvo prácticamente paralizado durante una década, impidiendo el desarrollo del concurso eólico que puso en marcha Alberto Núñez Feijóo a su llegada a la Xunta y que provocó las demandas de los adjudicatarios del reparto anterior, aprobado por el bipartito. En menos de un mes, el Gobierno gallego ha tramitado bastantes más megavatios de los que instaló Galicia en una década. Según los datos de Red Eléctrica, la potencia eólica instalada alcanzaba los 3.324 megavatios en 2012, por lo que los instalados en diez años son 560, hasta los 3.885.
La premura actual presenta algunos riesgos en forma de demandas judiciales. Por un lado, las presentadas por entidades ecologistas y ciudadanos afectados por la implantación de estos proyectos y que este domingo se manifestaron por miles en Vigo. Allí, una marcha en la que participaron 85 colectivos sociales de toda Galicia reunió a cerca de 3.000 personas que protestaban por el impacto ambiental y social de los parques.
El rechazo a un importante número de proyectos eólicos ha provocado un incremento de la litigiosidad. Recientemente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbó un parque de Norvento en la Serra do Oribio, en el Courel, tras los recursos presentados por Verdegaia, Petón do Lobo, Adega, Sociedade Galega de Ornitoloxía y Fundación Oso Pardo.
Pero no solo por ese lado pueden intensificarse los procesos judiciales. La propia Asociación Eólica de Galicia advirtió el año pasado del riesgo que suponía la pérdida de los permisos de acceso a la red de los parques por la lentitud en la tramitación de la Xunta. Señalaba entonces la patronal que podrían producirse demandas contra el Ejecutivo: «Nos encontraremos ante una situación de alta litigiosidad y potenciales responsabilidades patrimoniales que a nadie le gustará», decía.
