Auge y caída de Fernández de Sousa: cronología del caso Pescanova

Punto y final a diez años del denominado Caso Pescanova. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha emitido este miércoles la sentencia por la cual se condena a 6 años de prisión al expresidente ejecutivo de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa-Faro, como autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso medial con un delito también continuado de falseamiento de información económica y financiera.

La sentencia, que también le condena por un delito de alzamiento de bienes, se salda con una condena ligeramente inferior a los ocho años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Nacional. Además, el empresario gallego deberá indemnizar con más de 125 millones de euros a inversores perjudicados tanto empresas como particulares en el marco de este caso que estalló hace casi diez años.

Fue el 28 de febrero de 2013 cuando la empresa publicó un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para avisar que no presentaría sus cuentas anuales antes del 1 de marzo. Al día siguiente, la firma anunció por sorpresa la presentación de preconcurso de acreedores.

Pese a ello, la firma volvió a cotizar el 4 de marzo, aunque con un desplome de sus acciones del 60%. Tan solo una semana después (el 11 de marzo), la CNMV anunció la puesta en marcha de una investigación a Pescanova por posible «abuso de mercado». A la jornada siguiente era la propia pesquera la que admitía que podían existir defectos en la contabilidad de su deuda, motivo por el cual la CNMV decide suspender su cotización.

A partir de este momento, Damm y Luxempart, accionistas significativos de la compañía por aquel entonces piden la revocación de Fernández de Sousa como presidente y denuncian ante la CNMV que este mintió al comunicar que se el plan de reestructuración financiera se había aprobado por unanimidad.

A partir de ese momento, la firma encara abril solicitando el concurso de acreedores y el escándalo contable pasa también al parqué. Y es que Fernández de Sousa reveló que dos de sus sociedades a través de las cuales controlaba Pescanova se habían desprendido de casi la mitad de sus acciones meses antes del concurso, rebajando así su participación al 7,5%.

Cerco judicial

Estos movimientos llevaron a la CNMV a remitir a la Fiscalía el expediente abierto contra Pescanova y Fernández de Sousa por el posible uso de información concursal. Una vez apartado de la dirección de la compañía con la entrada en concurso de acreedores, Fernández de Sousa reconoce que la firma contaba con un pasivo cercano a los 3.000 millones de euros.

El cerco judicial al presidente de Pescanova se estrechó en mayo de 2013, cuando Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que impute a Fernández de Sousa, los consejeros Alfonso Paz-Andrade y José Antonio Pérez-Nievas, y al accionista José Alberto Barreras por uso de información privilegiada. En este sentido, juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz formaliza la acusación en mayo, dos meses de que el informe forensic de KPMG sobre la gestión de Pescanova. aflorase un agujero de casi 1.000 millones y destapase prácticas por parte de su cúpula con el objetivo de ocultar deuda.

En el informe se alertaba de «indicios fundados de que determinadas personas de la cúpula directiva de Pescanova han instruido, ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida, dichas prácticas”. Además, el documento ponía el foco en «la gestión irregular» por la puesta en práctica de «determinadas operaciones (formalización de créditos documentarios sin que existieran transacciones reales con mercancía, utilización de estructuras societarias instrumentales para generar financiación bancaria y resultados ficticios, líneas de factoring dispuestas sin sustancia económica, etc…) que pueden ser consideradas como irregulares desde un punto de vista contable y financiero».

En el marco de este periplo judicial, la Audiencia Nacional acogió a finales de 2019 el juicio en el que se acabaría condenando a ocho años de cárcel a Fernández de Sousa. Seis años de cárcel se derivaban de la comisión de delitos de índole económica mientras que los otros dos se correspondían a un delito de blanqueo de capitales, mientras que exaltos cargos de Pescanova como Antonio Táboas, Joaquín Viña, Alfredo López y Ángel González contaron con condenas de más de tres años.