Los fabricantes de coches alzan la voz contra el Gobierno por el coche eléctrico
Anfac exige una reforma del plan Moves y más incentivos fiscales para acelerar la implementación del coche eléctrico en España
Directivos de las empresas automovilísticas asociadas a Anfac. Anfac
Los fabricantes de coches se han puesto serios. Aún faltan 12 años para que llegue la fecha a partir de la cual no se podrán vender coches de combustión en Europa, pero un mercado tan consolidado no se renueva en poco tiempo y queda mucho por hacer. Mientras que gigantes del sector como el grupo Volkswagen, Stellantis o Ford preparan sus fábricas españolas para ensamblar coches eléctricos, las ventas de estos modelos cero emisiones van creciendo mes a mes, pero la movilidad eléctrica no está lo suficientemente implementada en España para dar salida a la futura oferta de eléctricos.
Si el sector quiere vender todos estos coches, va a necesitar ayuda. Así lo lleva exigiendo meses Anfac y así lo ha ratificado este martes durante la presentación de su hoja de ruta para los próximos dos años. La patronal que agrupa a los fabricantes de automóviles ha subido la voz y ha vuelto a pedir al Gobierno una reforma del plan Moves, incentivos fiscales y un desarrollo efectivo de la infraestructura de carga para impulsar el mercado eléctrico en España.
Concretamente, la organización ha propuesto que la subvención que se recibe con el plan Moves para comprar un vehículo eléctrico deje de computar como ingreso en el Impuesto de la Renta, un trámite que solo se hace en España. El director general, José López-Tafall, considera que esta medida animaría al consumidor a comprar un coche eléctrico y tendría un efecto muy importante en la electrificación del parque de vehículos, hoy de algo menos del 10 % en España, por debajo del promedio europeo del 20%.
Para este 2023, Anfac también se propone trabajar para eliminar las listas de esperas en dicha línea de ayudas, mientras que de cara al 2024 planteará un nuevo sistema de incentivos global con cobro en el momento de compra, incluyendo Moves específicos para flotas de vehículos ligeros y puntos de recarga.
Además, la organización exige ayudas fiscales, también para incentivar el uso de eléctricos, como deducciones del IVA en autónomos y empresas para vehículos cero emisiones, una mejora de las deducciones en retribución en especie para modelos eficientes, así como una deducción en el Impuesto de Sociedades para las empresas que inviertan en la compra de coches electrificados y sus infraestructuras.
Reforma fiscal
Después que el ejecutivo de Pedro Sánchez no incluyera las medidas propuestas por los fabricantes en los Presupuestos Generales del Estado de este año, el objetivo de cara a 2024 es conseguir llevar a cabo una reforma fiscal “integra” enfocada en el impuesto de matriculación y de circulación hacia la renovación del parque. López-Tafall ha indicado que plantean esta modificación de los tributos pasado 2023 porque este año no hay tiempo material para ponerla en marcha, pues el periodo parlamentario es menor, ya que a finales de año se celebraran elecciones generales.
La patronal considera que, sin estas ayudas, España seguirá teniendo un parque envejecido y contaminante en los próximos años. De hecho, la edad media de los turismos españoles llegó a los 14 años en 2022 y lleva creciendo sin parar, al menos desde 2015. Según sus cálculos, el parque nacional podría llegar a tener 16 años en 2030 de mantenerse la tendencia de compra actual.
La Unión Europea y el Gobierno de España tienen un seguido de objetivos ambientales para reducir progresivamente los gases nocivos procedentes de la automoción antes de 2030. A corto plazo, España debería de multiplicar por 2 los turismos electrificados vendidos en 2022 para poder superar el primer escalón: vender 190.000 unidades de esta tipología en 2023.
En mal camino
Si se mantiene la estructura de mercado actual, este año se matricularán menos de 100.000 eléctricos, lo que dificultará el cumplimiento de los objetivos de descarbonización a largo plazo. Según las estimaciones de la organización presidida por Wayne Griffiths, a este ritmo España sacará a la carrera unos 550.000 eléctricos en 2035, cuando deberían de copar la gran mayoría del mercado con 1,3 millones de unidades nuevas.
Estos números no van a crecer sin una buena infraestructura de recarga de acceso público. Para ello, la patronal se compromete este año a impulsar un plan Moves de recarga centrado en los cargadores de alta potencia, así como en la publicación inmediata de sistema de localización de puntos públicos con información dinámica y en la aplicación de plazos abreviados para los trámites de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Para el año que viene, su hoja de ruta promete una garantía de interoperabilidad en el pago de los puntos de recarga de acceso público (obligatoriedad TPV), así como la entrada en vigor efectiva del resto de medidas que acuerde en marzo el Grupo de Trabajo de Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico.
España cerró 2022 con 16.565 puntos, una cifra que de por sí pequeña, y entre la que destaca un alto porcentaje de puntos lentos. Si se quiere encaminar el mercado hacia la movilidad eléctrica y el cumplimiento de las metas ambientales, se necesitará doblar esta cifra hasta los 45.000 puntos en 2023 y multiplicar por 37 si se espera llegar a los 613.000 estipulados para 2035.
Sobre el impulso a la industria par electrificar sus fábricas, Griffiths ha defendido la necesidad de extender el plazo de ejecución de los proyectos de la segunda convocatoria del Perte del Vehículo y Conectado (VEC) hasta 2028, tal y como avanzó Economía Digital. A la ampliación del término hasta 2026 con el que trabaja el Ministerio de Industria, el presidente de Seat ha remarcado que incluso alargarlo a un año más no sería suficiente porque «es casi pasado mañana».
