La Asociación de Asesores Fiscales condena las «intimidaciones» del Gobierno contra Ferrovial

El Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) mostró este viernes su rechazo a la reacción “inaceptable” que considera que ha tenido el Gobierno ante el anuncio de Ferrovial de cambiar su sede a Países Bajos.

La entidad de los asesores fiscales condena en un comunicado las “declaraciones, misivas y comunicaciones intimidatorias realizadas por miembros del Gobierno, tratando de influir en los accionistas” de la empresa, “cercenando así la libertad de empresa” amparada en la Constitución.

“Casan mal con el principio de cooperación leal exigido a los Estados miembros por el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea las veladas amenazas consistentes en que, de ejercitar aquella libertad fundamental, la compañía puede enfrentarse a actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el fin de privarle, al margen de toda otra consideración, del régimen de neutralidad fiscal establecido en el Derecho derivado de la Unión (Directiva 2009/133/CE) e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico (artículos 76 y siguientes de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades), poniendo así en entredicho la independencia de criterio y el compromiso de la AEAT de actuar al servicio objetivo de los intereses generales”, señala la AEdaf.

La junta de Ferrovial aprueba el traslado a Países Bajos

Los accionistas de Ferrovial han aprobado este jueves el traslado de la compañía a Países Bajos pese al fuerte rechazo que ha suscitado en el seno del Gobierno, que intentó frenar la operación, y le permite dar un paso más hacia su objetivo final de debutar en bolsa con su matriz en Estados Unidos.

La compañía que preside Rafael del Pino, primer accionista del grupo con un 20,4%, ha logrado así los apoyos necesarios de cara a sacar adelante su proyecto de fusión trasfronteriza, por la que Ferrovial pasará a ser absorbida por su filial holandesa FISE, que desde hace tiempo es la cabecera del negocio internacional del grupo.

Sin embargo, el éxito de esta operación aún depende de que los derechos de separación que deseen ejercer los accionistas que han votado en contra de este traslado no superen los 500 millones de euros, lo que equivale a en torno al 2,5 % del capital.

Del Pino recalcó durante su intervención en la histórica junta de accionistas que «España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello» con el traslado de la sede social de la compañía a Países Bajos.

Además, ha destacado que esta operación se enmarca en la libertad de establecimiento «que nutre la esencia misma de la Unión Europea», insistiendo en que no se lleva a cabo por motivos fiscales ya que el grupo seguirá contribuyendo fiscalmente en España como hasta ahora.