Traslado de Ferrovial: Garamendi denuncia una «caza y captura» del Gobierno contra la familia Del Pino

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha salido en defensa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, así como su familia por el traslado la sede social de la constructora de España a Países Bajos. En esta línea, ha lamentado que se haya emprendido una «caza y captura» contra ellos, en alusión a la férrea oposición mostrada por el Gobierno al cambio de sede de la compañía, después de que el 93,3% de los accionistas se mostrasen a favor de esta decisión.

«Una compañía en Europa tiene la libre capacidad de trasladarse donde considere”, ha dejado bien claro en declaraciones a la cadena de televisión pública TVE. Asimismo, ha valorado que los planteamientos que se le ponen a la multinacional para operar desde Madrid en la Bolsa de Nueva York “son muy complicados” y “tienen poco que ver” con lo que se necesita para «actuar con eficacia en el parqué de uno de los países donde tienes tu principal negocio».

El presidente de la CEOE se ha felicitado de que se haya empezado a ver ya más “respeto” a la decisión de la empresa después de unos días de “revuelo que se ha montado y que debería haberse evitado hablando con la compañía de otra manera”, que “además ha generado un ruido que los inversores internacionales están observando”.

Garamendi alerta sobre el «intervencionismo» del Estado

“Ferrovial es una empresa más que española y creo que la caza y captura del presidente y la familia Del Pino no ha sido la más procedente, lo digo con toda sinceridad”, ha insistido. También ha dicho que en España hay seguridad jurídica porque es un Estado de Derecho, pero “la verdad es que cada día estamos viendo más intervencionismo, con unos impuestos a medida a la banca o las eléctricas porque vienen bien” y “ministros que dicen esto o lo otro porque me gusta”.

“Eso no son signos buenos ni mensajes que trasladen esa seguridad jurídica. Hay que tratar estas cosas con mucha más moderación y tranquilidad por el bien de nuestro país. Esta radicalidad que estamos viviendo no es la más adecuada en unos momentos en los que tenemos que trabajar para que el país recupere el ritmo de antes del covid”, ha agregado.

Implantación de la semana laboral de cuatro días

Sobre la polémica por las decisiones tomadas en el Parlamento andaluz sobre el parque de Doñana, ha defendido que hay que “compaginar” la conservación de los acuíferos con el derecho de los agricultores de la zona a que se resuelva un problema “que llevan años sin resolver”. “Hace falta que los partidos se olviden de las elecciones y trabajen en lo necesario”, ha remarcado.

Respecto a las ayudas que ha aprobado el Gobierno a la implantación de la semana laboral de cuatro días, ha rebajado su valor señalando que es “una especie de experimento”, como demuestra que solo tiene una dotación de 9,6 millones de euros cuando en España hay más de dos millones de empresas.

A su juicio, estas pruebas piloto pueden estar bien, pero lo importante es que este tipo de decisiones se tomen con respeto a la libertad de las empresas y se acuerden en el marco de la negociación social.