El juez sentencia a los Rubiralta: entrega Celsa a Deutsche Bank y los fondos
El juzgado mercantil 2 de Barcelona homologa el plan de restructuración de los acreedores, en un sentencia firme
Los acreedores podrán quedarse con Celsa. El juzgado mercantil número 2 de Barcelona homologa el plan de reestructuración de los fondos inversores, por el cual pasarán a tomar el control de la compañía y diluyen el capital de los Rubiralta, la familia fundadora del gigante siderúrgico catalán. La sentencia emitida por el magistrado este lunes es firme, por lo que los actuales propietarios no podrán presentar recursos en su contra.
Según la resolución, el titular del juzgado, Álvaro Lobato, considera que la hoja de ruta presentada por los fondos tenedores de buena parte de la deuda del grupo reúne todas los requisitos legales, dado que el importe del pasivo, que alcanza los 3.000 millones de euros, es superior al del valor de la compañía.
Dictaminar el valor de la empresa fue uno de los principales puntos de debate durante las vistas del juicio, celebradas a principios de julio. Al final, Lobato ha dado por válido el informe de Lexaudit, el experto independiente, que valoró el grupo catalán en una cifra de entre 2.400 y 2.755 millones de euros, frente al presentado por los Rubiralta y redactado por Lazard y AZ Capital, que cifraba su precio en 6.000 millones de euros.
Con el fin de la judicialización del caso, el grupo de inversores, entre los que se encuentran Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital, podrá tirar adelante su propuesta, por la cual prevén transformar en acciones 1.291 millones de euros de deuda, convirtiéndose en los accionistas mayoritarios del grupo. El resto del pasivo se refinanciará. Para el juez, este plan asegura la «viabilidad del grupo»: «En una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica”.
La sentencia mantiene que los acreedores serán capaces de implementar el plan presupuesto y que suponen la «única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa«, pero también les lanza un toque de atención. «Deben de cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”, dice el texto.
La resolución del juez pone punto y seguido a un conflicto que se arrastra desde hace años. La siderúrgica catalana empezó a engordar el pasivo antes de la crisis financiera, después de un agresivo plan de inversiones y adquisiciones. Desde entonces, acumula más de una decena de reestructuraciones de su pasivo, que pasó de las manos de los principales bancos españoles a estos fondos, que la compraron a bajos precios.
La pandemia no hizo más que empeorar su balance y, tras meses de negociaciones sin fruto para refinanciar la deuda, los acreedores aprovecharon la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal hace ya un año para presentar un primer borrador del plan que ahora ha homologado el juez.
De hecho, la catalana es la primera gran corporación que ve como su futuro queda definido por este nuevo marco legal. En este sentido, la resolución del juez no es de gran relevancia únicamente para la siderúrgica, sino que siente las bases de jurisprudencia frete a otras empresas que se enfrenten a dificultades financieras.
Celsa es una de las empresas más importantes de Cataluña, con más de 10.000 empleados repartidos por los distintos mercados donde tiene presencia. Factura anualmente 6.000 millones de euros, siendo la cuarta empresa de la comunidad con la cifra de negocio más alta.
