Los movimientos accionariales en Indra desestabilizan la gran contrata de Defensa del Gobierno
Los tejemanejes del Ejecutivo de Sánchez para que Sapa y Escribano entren en el accionariado de Indra pueden perjudicar al consorcio Tess Defence, que podría alcanzar provisiones para el Ejército por 4.000 millones
Momentos turbulentos en la industria militar española. La irrupción de Escribano Mechanical & Engineering en el accionariado de Indra tiene consecuencias que van más allá del reparto de poder en la Ibex tecnológica y que inyectan en dosis de inestabilidad en uno de los grandes contratistas de Defensa del Gobierno: Tess Defence.
El consorcio elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de los blindados VCR 8×8, un contrato valorado en 2.000 millones de euros, integró en su momento a Santa Bárbara Sistemas, Indra, Escribano y Sapa Plasencia. Fue en 2020, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez impuso la creación de este consorcio, bajo el nombre de Tess Defence, para que llevaran a cabo la construcción de los nuevos blindados 8×8 del Ejército de Tierra. Sin embargo, hace tres años, esta UTE la conformaban cuatro empresas absolutamente independientes entre sí. Pero ahora la situación ha cambiado.
Actualmente, tanto SAPA como Escribano son accionistas de Indra, una operación coadyuvada por el Ejecutivo de Sánchez que, a través de la SEPI, controla ya el 25% de la Ibex tecnológica. Sapa Plasencia, una empresa vasca afín al PNV, entró en el accionariado de Indra en 2021, con la compra de un 5% de la firma española. Y ahora Escribano, que fabrica las torretas de los blindados, ha adquirido un 3% con la intención de alcanzar el 10% a lo largo de este año.
¿Conflicto de interés?
«Puede llegar a suponer un conflicto de interés», señalan fuentes de analistas en Defensa. Porque los equilibrios de Tess Defense quedan seriamente tocados. Ahora mismo, Santa Bárbara Sistemas, aunque posee el 26% del consorcio, se encuentra con que sus tres socios dentro del consorcio, son Indra o sus accionistas. Indra tiene el 24% de Tess Defence, y SAPA y Escribano otro 24% cada uno. La empresa Santa Bárbara Sistemas, participada por General Dynamics European Land Systems (GDELS) es la que tiene más representación pero la realidad es que ahora el 75% restante está vinculado accionarialmente. Fuentes empresariales rechazan sin embargo que vaya a existir ese conflicto de interés en el seno de la corporación: «las decisiones se toman por unanimidad», explican a ECONOMÍA DIGITAL.
La importancia del consorcio Tess Defence
En mayo de 2020, el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles autorizó definitivamente la creación de la UTE Tess Defence, un consorcio entre varias empresas que se encargarían de construir, por partes, los 350 vehículos blindados 8×8 para el Ejército de Tierra, en un contrato valorado en 2.100 millones de euros. Santa Bárbara se encargaba de la plataforma, el sistema de protección y ensamblaje; Indra facilitaría el diseño electrónico; Sapa, el motor y la unidad auxiliar de potencia, y Escribano, la torreta armada. Esta es la fórmula que finalmente eligió el Gobierno, un consorcio conjunto de empresas en vez de contratar a una de ellas que se encargara de subrogar distintos tramos de producción.
Pero este no es el único contrato que puede recaer en este consorcio. 48 horas después de que Escribano anunciara su fuerte apuesta para tomar el control del 10% de Indra, el Ministerio de Defensa anunció en la Feria Internacional de Defensa (Feindef) luz verde para la construcción de una nueva flota de Vehículos de Apoyo de Cadenas (VAC), por otros 2.000 millones de euros. El anuncio lo realizó la secretaria de Estado de Defensa en el stand de Tess Defense, ante la mirada de sus máximos directivos, que se postula como gran candidato para su ejecución.
En total, son 4.000 millones de euros, la gran apuesta del Gobierno de Sánchez para incrementar el peso del gasto militar, acercarse al cumplimiento de los objetivos OTAN e impulsar una industria armamentística propia.
Condena millonaria de la Audiencia por los blindados
A pesar de las buenas intenciones, el sistema elegido por el Gobierno no está obteniendo los resultados esperados. La Audiencia Nacional sentenció a la UTE de Santa Bárbara, Indra y Sapa, a pagar varios millones de euros por el incumplimiento de los plazos de entrega del vehículo VCR 8×8, en algunos de los diseños que correspondían a las partes que debían construir los socios minoritarios. Fuentes empresariales indican a ECONOMÍA DIGITAL que la multa es previa a la incorporación de Escribano y la configuración del consorcio Tess Defense.
