La Audiencia Nacional juzga a Iberdrola por el aumento de precios de 2013

Este martes comienza el juicio contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos por un supuesto sistema creado en 2013 que permitía aumentar el precio de la energía “y perjudicar a los consumidores”, describe el auto firmado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno.

La vista oral comenzará en la sede del tribunal en San Fernando de Henares y se extenderá hasta el 1 de diciembre, precisaron fuentes judiciales a Europa Press.

Manipulación de las ofertas

Según describe el escrito del juez Moreno redactado en julio de 2022, para conseguir “un mayor precio en el mercado eléctrico” en la compañía aumentaron el precio de las ofertas de energía correspondientes a las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.

Esta operación fue hecha, añade, “a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad”, describe el texto del magistrado.

“Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía”, puntualiza.

Acusación contra cuatro directivos

Esta decisión fue adoptada, indica el juez Moreno, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía y los responsables de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; Gestión de Activos; y Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Para ellos la fiscalía solicita la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos o profesiones relacionadas con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros.

Además, el Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros (el equivalente al cuádruple del beneficio alcanzado) así como el decomiso de las ganancias obtenidas.

El beneficio obtenido

Entre noviembre y diciembre de aquel año la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, «lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros«, lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.

El juez impuso a cada uno de los directivos la prestación de una fianza por un importe total de 107.534.666 euros. En concreto, 194.666 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para asegurar el pago de las responsabilidades civiles.

Además, el magistrado acordó en julio de 2022 que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192.231.272 euros.

Así, 84.891.272 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.